Columna de Juan Carlos Délano en el Diario Financiero.
La política se encuentra necesitada de prestigio. La empresa privada ayuda a financiar la política, sus partidos y campañas. Nuestras leyes permiten escudar al donante político sobre cierto monto en el anonimato.
Este financiamiento por parte de organizaciones donantes anónimas daña a la política y a sus financistas. Es razonable que cada persona, como fruto de su libertad de organizarse y expresarse pueda donar a candidatos, partidos y causa a la que adhiere, pero esa misma razón no es aplicable a las organizaciones – sean estas empresas u ONG-, y menos justifica opacarlo en el anonimato.
El financiamiento o apoyo directo o indirecto, entrega un poder e influencias a grupos en particular por sobre el bien común de la sociedad. El anonimato no da suficiente garantías de que el favorecido no se entera y quede obligado a pagar los favores una vez que ha arribado al poder. Por lo demás esa es la razón por la cual dona una empresa: para capturar o verse favorecida por la política No es lo mismo que una persona política natural use recursos propios debidamente tributados o parte de su tiempo en apoyar a candidatos de su interés, que empresas, sindicatos, ONG, sin el debido conocimiento de la sociedad, de sus accionistas minoritarios, grupos de interés o afiliados, hagan para financiar la actividad política.
Que no exista una ley que exija que hagan público el financiamiento, la falta de una ley de lobby o que no hayan penas definidas a las personas naturales o jurídicas en el financiamiento opaco de la política, no son argumentos para caer en una acción que corroe el prestigio, la legitimidad de la democracia representativa e institucionalidad de nuestro país. Esperemos que no sea necesario la existencia de un caso escandaloso, para que salgan algunos a rasgar vestiduras sobre algo que todos conocen y prefieren ignorar.
Toda persona que detente poder en una institución pública o privada, como ejecutivo o directivo, tiene la obligación de ser incisivo, proactivo y diligente en exigir respuestas claras sobre este tema y que éstas queden en acta de Directorio y que se hagan públicas. Ninguna institución pública o privada puede basar su sobrevivencia o competitividad en este tipo de actos destinados a influir indebidamente las decisiones políticas. Las donaciones políticas no son actos de generosidad, sino de interés. Existe un avance importante en materia de responsabilidad social de parte de las empresas y organizaciones sociales, pero ella ignora de manera inexcusable el financiamiento de la actividad política en sus informes.
Los políticos deben entender que cualquier financiamiento de parte de grupos de interés los podrá inhibir a futuro en la debida deliberación y decisiones en virtud de la representatividad o poder que le confirió la sociedad. Argumenta que las reglas del juego vigentes los obliga a aceptar el financiamiento de estos grupos, no los excusa para esforzarse leal y decididamente a modificar las reglas actuales.
Hace algunas semanas, un grupo liderado por Eduardo Engel y Juan José Soto de Ciudadano Inteligente, en conjunto con 150 personalidades de distintas sensibilidad políticas y sociales, realizaron un llamado a transparentar el financiamiento de la política. Chile Transparente se suma a dicha iniciativa e invitamos a la ciudadanía y organizaciones civiles a estar atentos y divulgar a través de las redes sociales cualquier acto de parte de los grupos de interés en el financiamiento o apoyo indirecto de las actividades políticas. Este año tenemos elecciones de Alcaldes y Concejales y se incorpora un universo nuevo de potenciales electores.
Demostremos nuestras convicciones reales sobre las virtudes de la democracia, de la economía social de mercado, de la competencia y de una sociedad de igualdad de oportunidades. No seamos cómplices aportando otra gota a la destrucción de nuestra institucionalidad política ya muy cuestionada.