Según el último índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, Chile se encuentra en el lugar 20 a nivel mundial, 17 dentro de los países de la OCDE y lidera junto a Uruguay en América Latina. Pese a los buenos números, el presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau, afirma que al país le “queda mucho por avanzar” en materia legislativa al respecto y asegura que para evitar los conflictos de interés en el sector público debe haber mayor probidad.
– El tema de los conflictos de interés ha estado en boga en el sector público, ¿debe haber cambios en la legislación que los regula?
– No es necesario que exista una norma, esto exige prudencia y transparencia. A veces no hay mala fe, hay olvido, ignorancia o un error y para eso la famosa declaración de intereses de las autoridades debe ser más transparente y seria.
– ¿La actual declaración de intereses es insuficiente?
– Lamentablemente en Chile la declaración hay que presentarla dentro de los tres días siguientes de asumir y nosotros estimamos que debiese ser antes. Todo funcionario público debiese tener al lado, encima de su escritorio, su declaración de intereses, de modo que ante cualquier duda agarrarla y revisarla.
– Se ha comentado el caso del director del Servicio de Impuestos Internos (SII) y un eventual tema ético, ¿es Contraloría quien debe tomar la determinación final?
– Es parte del mandato legal de la Contraloría y está haciendo ejercicio de una facultad y obligación legal, más que un mero tema ético. La Contraloría está llamada a ver si los resguardos que han sido declarados por el director han sido los adecuados para garantizar la probidad, dado que la existencia del conflicto siempre se supo, para nadie es un misterio que Julio Pereira venía de PricewaterhouseCoopers y para nadie es un misterio que ellos eran los auditores de Johnson’s.
– En ese sentido, ¿se tomaron los resguardos necesarios?
– Ahora la Contraloría está haciendo un sumario sobre cómo se manejó el caso Johnsons, por parte del director de SII. Creemos que su dictamen va a servir muchísimo para dilucidar las responsabilidades desde el punto legal y administrativo, en cuanto al futuro actuar, porque hay que recordar que las facultades de devengar los intereses o multas, es propio del director nacional y que éste debe delegarlo.
– El presidente Piñera dijo que no se le informó de la condonación y que le hubiese gustado saber…
– Creo que es un comentario del presidente del tipo “me hubiera gustado saber”, pero claramente cada funcionario público -y el presidente es un funcionario público- debe cumplir con las funciones que le corresponde y hay ciertas materias que son decisiones propias de quienes las ejercen por el cargo que tienen y en ninguna parte la normativa dice que hay que consultar este tipo de cosas con el presidente de la República. El tema hoy es que si su actuar o su intervención (de Pereira), si es que la hubo, fue correcta desde el punto de vista de las normas que regulan al director del SII y a las normas administrativas que le sean aplicadas.
– Se ha apuntado a Pereira por el arriendo de un terreno a Cencosud, que luego compró Johnsons…
– La verdad es que ahí me parece que hay un poquito de abuso, porque es algo que estaba desde el día uno, entiendo que fue parte de la declaración de intereses de Julio Pereira, él cumplió con esa obligación. Creo que se ha tratado de sacar cualquier arista para dar un uso político a este tema.
– Pero este no es el único caso que ha afectado este gobierno respecto a los conflictos de intereses…
– Estos conflictos existen y no van a dejar de existir, es la llamada puerta giratoria y se da en dos situaciones: cuando personas privadas ingresan al servicio público y cuando dejan de estar en el servicio público y pasan al sector privado. En uno y otro caso van a haber conflictos de interés. Este es un tema que está en el Congreso hace ya un tiempo.
– ¿Cómo se deberían resolver estos casos?
– Obviamente las personas que dejan el sector público deben estar un tiempo fuera del mercado, entre seis meses y un año, y eso debiera ser compensado debidamente, por ejemplo manteniendo la remuneración. Hace años que está detenido en el Congreso este proyecto que ampliaba las inhabilidades posteriores. En el sector público queremos tener a los mejores, gente capacitada, que conoce de los problemas que va a enfrentar y por supuesto que no se puede sacar gente de la nada, gente que haya vivido en una burbuja.
– ¿Esto debiese ocurrir con la salida del gobierno de la ex subsecretaria María Eugenia de la Fuente?
– María Eugenia de la Fuente se fue a trabajar a la banca privada y no era superintendente de Bancos o de Valores y Seguros, no tiene una relación directa con lo que va a ejercer, por lo tanto, legalmente no existe ninguna restricción respecto de ella. Creo que hoy ante cualquier “privatización” hay una sensibilidad excesiva.