LA INSTALACION de la transparencia como política pública -como todo cambio cultural- es un proceso complejo, que requiere mucho esfuerzo y, sin duda, más tiempo que el breve lapso transcurrido desde que entró en vigencia la Ley de Transparencia y se creó la institucionalidad que garantiza el derecho de acceso a la información pública.
La dificultad surge de la tradición ancestral que imperaba en el ámbito público hasta la reforma constitucional de 2005 y legal de 2008, que más bien tendía a favorecer la opacidad de las decisiones públicas. Este proceso encuentra un óbice adicional en el bajo nivel de conocimiento que existe en la opinión pública sobre los elementos constitutivos de la transparencia, siendo éstos aún ajenos y desconocidos para la gran mayoría de las personas.
En consecuencia, un primer desafío es afianzar el posicionamiento del derecho de acceso a la información pública y también del Consejo para la Transparencia, como su órgano garante. Desafío que debiera acometerse en una doble dimensión: primero, evidenciando a los órganos del Estado la funcionalidad de la transparencia para recuperar o mejorar la credibilidad de las instituciones públicas, y segundo, mostrando a los ciudadanos su eficacia como herramienta de control social de los actos y decisiones de las autoridades. En esta lógica surge, precisamente, la implementación del Portal de Transparencia del Estado -iniciativa desarrollada en conjunto con el gobierno- como una herramienta que permitirá acceder a la información de cualquier organismo público en un ambiente único de navegación, facilitando el ejercicio del derecho de acceso y la gestión de los reclamos a que pueda dar lugar.
Un segundo desafío es avanzar en una política de datos abiertos y de transparencia proactiva que, aplicando los principios de facilitación y máxima divulgación contemplados en la actual legislación, nos permita transitar desde el cumplimiento básico de las obligaciones de transparencia activa o la tramitación de solicitudes de información, hacia el ofrecimiento proactivo de bases de datos e información que se estima de relevancia social, por ejemplo, aquella que es solicitada frecuentemente y que, además, ha sido declarada pública por el Consejo al resolver amparos. De esta manera, se promovería la consulta permanente de esa información, en la lógica de una moderna rendición de cuentas que facilita y alienta el escrutinio social.