La Cámara de Diputados se encuentra ante una oportunidad histórica ya que, después de diez años de discusión en el Congreso, podríamos despachar en su segundo trámite constitucional el proyecto que regula el lobby , luego de que la Comisión de Constitución aprobara por unanimidad la mayoría de las normas del proyecto.
El proyecto aborda la regulación del lobby desde una perspectiva amplia que permite integrar a todos quienes se reúnen con las autoridades con el objeto de influir en las decisiones específicas que estas deben adoptar. Para estos efectos, el proyecto mantiene la definición de lobby centrada en la remuneración, pero, además, incorpora como nuevo concepto la gestión de intereses particulares, que es aquella realizada por personas sin que medie una retribución económica por dicha gestión. A ambos sujetos les serán aplicables las mismas normas, en el sentido de que los funcionarios y autoridades, en su calidad de sujetos pasivos de estas gestiones, deberán publicar mensualmente las audiencias y reuniones que sostengan con las personas que realicen lobby o gestiones de intereses particulares, junto con cierta información relevante de estas personas.