En casi 29 mil millones de pesos de perjuicio patrimonial para el fisco estimó la Contraloría el total gastado indebidamente en el pago de pensiones a casi seis mil exonerados políticos que no cuentan con los requisitos para recibir pensiones vitalicias por razones de vejez, antigüedad, invalidez o sobrevivencia. A estas cifras se suma una investigación de la misma Contraloría, en que se examinaron 9 mil expedientes de un total de 74 mil, y en la que salió a la luz la existencia de cerca de tres mil casos de personas que, no siendo exonerados políticos, han sido beneficiadas como tales.
Si bien el órgano contralor aún no ha cuantificado el gasto fiscal que implicarían esas casi tres mil situaciones hasta ahora detectadas, el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Previsión Social han estimado que tales irregularidades representarían cerca de 61 mil millones de pesos fraudulentamente desembolsados. Ya en 2012 el propio Gobierno, revisando 50 mil carpetas, detectó que un quinto de ellas correspondía a «falsos» exonerados, antecedentes que se entregaron al Consejo de Defensa del Estado, que aún está evaluándolos.