Recientemente el país ha vuelto a conocer un nuevo hecho que puede llegar a ser catalogado como corrupción y que ha merecido la condena de la ciudadanía, por mucho que los controles, aunque tardíamente, hayan funcionado.
En esta oportunidad estamos frente a varios miles de personas que se hicieron pasar por exonerados políticos, aprovechándose de una institucionalidad débil, unida a una cultura de la función pública en ocasiones irresponsable, ineficiente y errática, para obtener beneficios que no les correspondían.
Estos hechos no hacen más que empañar la causa de los verdaderos exonerados políticos, problema que el país logró solucionar mediante leyes de reparación. No obstante, su causa se ha visto perjudicada por el aprovechamiento de algunas personas que han actuado en forma abusiva, avaladas por autoridades que en la mayoría de los casos les faltó rigurosidad y prolijidad para revisar las situaciones que debían apoyar y endosar.
Las leyes se hacen para que sean cumplidas, por lo que deben ser hechas con mucho profesionalismo a prueba de todo tipo resquicios. No hay que olvidar que ellas deben buscar siempre el bien común de la sociedad ya que debe legislar para mejorar nuestra convivencia social y cívica y no para una minoría o un partido político determinado.
El caso de los que han recibido beneficios simulando su calidad de exonerados políticos, es abiertamente contrario al espíritu de la ley que buscó reparar una injusticia que se cometió en contra de un grupo de chilenos. En ello cabe un grado de responsabilidad de las autoridades que entregaron los certificados y de parte de los encargados de implementar estas asignaciones. En tal sentido podemos estar frente a lo que en algunos países se llama “blind corruption” (algo asi como hacer a “vista gorda”), es decir, cuando no se es riguroso en la revisión de los requisitos que dan lugar al otorgamiento de beneficios.
Mayor gravedad tiene este actuar cuando se está afectando la asignación de recursos fiscales que tienen diversos usos y múltiples demandas. Nuevamente estamos frente a lo que hemos llamado tantas veces el “cumpli-miento” se cumple en la forma se miente en el fondo.
Los verdaderos exonerados políticos merecen nuestro respeto, y así la sociedad chilena también lo ha señalado al buscar un modo de reparación por las injusticias a las que fueron sometidos. El espíritu de reconciliación que imperó asimismo, es un reconocimiento al esfuerzo que se ha hecho para avanzar en el reencuentro de todos los chilenos. Por eso, aparte de aprovecharse de una noble causa que logró ser aprobada por la mayoría de las fuerzas políticas del país, constituyendo un paso importante en la consolidación de nuestra democracia, lo que ya de por sí es suficientemente importante, abusar de la confianza pública en esta materia de tanta sensibilidad política denota una falta de solidaridad no solamente para con los que realmente fueron exonerados políticos, sino que con todos los chilenos que sienten en lo más profundo de sus corazones, la necesidad de levantar un país que tenga un Estado al servicio de sus ciudadanos, con instituciones sólidas, transparentes e impersonales.
Este caso nos debe alertar a los chilenos, una vez más, que la corrupción es un flagelo que nos acecha permanentemente y que la única forma de controlarlo, es mediante instituciones y procesos transparentes, autoridades que estén dispuestas a rendir cuenta de sus actos, parlamentarios que fiscalicen eficazmente y una ciudadanía empoderada que sea capaz de vigilar los actos de las autoridades.
Gonzalo Delaveau Swett
Presidente Chile Transparente