Llama la atención la manera como se ha incrementado el desafío para las empresas ante la marcada tendencia a nivel mundial por parte de reguladores, organizaciones multilaterales y asociaciones de inversión, de exigir la responsabilidad de los directivos y las empresas que conducen por las decisiones y actuaciones emanadas de su dirección. Se trata de incentivar y exigir a los empresarios de hoy, compromisos y prácticas concretas en la prevención y detección de actos de corrupción, fraude y abusos corporativos.
La crisis de confianza corporativa desatada por la quiebra de importantes empresas, la intervención a la que se han tenido que someter prestigiosas instituciones financieras, las multas millonarias que se han aplicado a corporaciones multinacionales, han aumentado la necesidad de contar con reglas más estrictas para que tanto en compañías como en órganos regulatorios e instituciones financieras, se enfoquen esfuerzos conjuntos para mejorar las prácticas de gobierno corporativo y elevar los niveles de transparencia de la gestión empresarial.
En este contexto, vuelve a tomar protagonismo el combate a la corrupción con la mirada de prevención y detección por parte del sector empresarial.
Una breve mirada sobre la evolución del marco regulatorio a nivel internacional ofrece las luces necesarias para entender esta demanda.