Las materias pendientes.
El presidente de Chile Transparente, José Antonio Viera-Gallo, destacó que además de las reformas a la leyes de probidad y transparencia, se requiere avanzar en la aprobación de la reforma constitucional que reconoce el derecho a la información pública; otra que establece el defensor ciudadano; y una nueva legislación sobre partidos políticos que reconozca a estos como personas de derecho público y, por ende, los someta a las exigencias de transparencia correspondientes.
“Con la aprobación de todas esas iniciativas nuestro país no sólo subiría su posición en los rankings internacionales sobre transparencia, donde aparece estancado o ha retrocedido, sino que además con ello las instituciones darán una señal de confianza a los ciudadanos, porque no se puede valorar lo que permanece en la opacidad”, indicó Viera-Gallo.
Riesgo de corrupción
El titular de Chile Transparente alertó, sin embargo, que aún existen espacios de la gestión pública donde predominan altos grados de opacidad y, por tanto, son altos los riesgos de corrupción.
“Ese es el caso de los municipios, así como algunos aspectos del sistema educacional, sobre todo el control de los recursos que se destinan a las subvenciones. Además tenemos un problema bastante reiterado en el sistema de compras de armas”, recalcó el ex ministro.
Viera-Gallo puso de relieve que los distintos gobiernos democráticos han mostrado voluntad de avanzar en transparencia y probidad, ejemplificándolo en la aprobación de la ley de acceso a información en el primer gobierno de Michelle Bachelet y el despacho de la ley de lobby en la administración del Presidente Piñera.
Para que no sea «tuerto»Refuerzo del fideicomiso ciego
Uno de los aspectos en los que el Gobierno pondrá el acento en la reforma a la ley de probidad es reforzar el fideicomiso ciego. El proyecto en trámite en el Senado impone a ciertas autoridades, para precaver conflictos de intereses, la obligación de constituir un Mandato de Administración Discrecional de Cartera de Valores a terceros autorizados, quienes se hacen cargo separadamente del patrimonio, por cuenta propia y riesgo del mandante.
Según una minuta de la Segpres a la que accedió La Segunda, las indicaciones buscan “aumentar la fortaleza del fideicomiso ciego para no transformarlo en «tuerto»: hay que establecer un fideicomiso aún más diversificado y garantizar la imposibilidad absoluta de comunicación del mandante con el mandatario durante el periodo”.
La reforma además hace más exigentes las declaraciones de intereses y patrimonio, las que deberán ser de libre acceso a través de internet. Y fija su contenido mínimo, precisando las actividades y bienes del declarante.
Municipios, control de subvenciones educacionales y compras de armas” las áreas más opacas.
José Antonio Viera-Gallo.