En el último tiempo ha habido varios escándalos que han afectado al sector privado. Tanto el SII como la SVS han aplicado sanciones ejemplares. Antes habían ocurrido colusiones y defraudación de la confianza de los consumidores. En una sociedad de mercado como la nuestra, donde las empresas juegan un papel esencial en la marcha de la economía, estos hechos alcanzan ribetes de mayor gravedad. No es de extrañar, entonces, que en las encuestas la confianza en las instituciones en general, y en las empresas en particular, sea tan baja.
Es verdad que esa confianza aumenta cuando la pregunta se refiere a la empresa en que se trabaja. Según la Encuesta Bicentenario, última de la UC y Adimark, la confianza en las empresas en general llega a un 16%, mientras que ese mismo guarismo aumenta a un 72% tratándose de la empresa en la que el interrogado tiene su ocupación. Es el llamado efecto Feno, que toma el nombre del cientista social que lo formuló señalando que se desconfía más de lo que se desconoce.
Las multas aplicadas han sido ejemplares, pero todavía queda por delante un largo camino de alegatos y recursos judiciales que puede tomar varios años. En todo caso, la imagen de personas y empresas afectadas ha sido profundamente dañada.
¿Se puede extraer alguna lección de este cuadro?
Primeramente, recordar que en el índice de Transparencia Internacional de percepción de la corrupción, Chile está bien posicionado, disputando con Uruguay el primer lugar entre los países latinos. Y esto es válido tanto para el sector público como privado. Pese al impacto de las noticias, no debemos perder la perspectiva general: Chile no es un país corrupto, no opera entre nosotros el crimen organizado a gran escala y, por regla general, la ciudadanía condena las prácticas que denotan un abuso de poder.
En segundo lugar, constatar que las instancias regulatorias del Estado no están “capturadas” por los entes sometidos a su fiscalización. Actúan con autonomía cautelando el interés general y aplicando, sin acepción de personas, rangos, prestigio o jerarquía, el rigor de la ley en forma equitativa. Es aleccionador que la SVS haya seguido el llamado caso cascadas con un criterio uniforme pese al cambio de gobierno. Los afectados, a su vez, tienen oportunidad de defenderse ante los tribunales para revertir imputaciones que consideran injustas o desproporcionadas.
En tercer lugar, todos los sectores sociales, económicos y políticos deben entender que la cultura de la transparencia y la honradez se ha ido abriendo camino a paso firme. Nada justifica que la información sobre el funcionamiento de las grandes organizaciones públicas o privadas, según su naturaleza específica, sea sustraída al conocimiento ciudadano, sobre todo en un mundo que se caracteriza por el libre flujo de las noticias y los mensajes por la red. El uso de información privilegiada puede dar origen a graves injusticias al momento de orientar inversiones o realizar transacciones. El mercado exige la buena fe y la sociedad debe contar con las normas legales para cautelarla.
No nos referimos sólo a la necesidad de prevenir conductas delictuales individuales o de las empresas, sino a la urgencia de favorecer las buenas prácticas de transparencia. El combate a la corrupción ha cobrado nueva actualidad a partir de las medidas adoptadas en los EE.UU. para detectar y combatir el financiamiento del terrorismo luego del atentado contra las torres gemelas el 2001. Lo que ha llevado a ese país a aplicar extraterritorialmente sus leyes penales incluso invocando la responsabilidad de las empresas. Entre nosotros se ha fortalecido la acción coordinada de la Fiscalía, la Contraloría y el Consejo para la Transparencia. Las Superintendencias cumplen su papel, así como los organismos llamados a cautelar la libre competencia.
Algunos han sacado como conclusión de lo ocurrido la debilidad de la autorregulación. La realidad parece darles la razón. Pero sería absurdo descargar todo el peso del control en las autoridades estatales. Ellas también pueden ser capturadas por la corrupción y, además, no existe un poder tan omnipresente que pueda descubrir todas las tropelías. Es fundamental poner el acento en la necesidad de avanzar hacia un cambio cultural para que la transparencia sea un valor universal. Siempre habrá casos extremos que caerán bajo la sanción del Estado. Pero lo importante es que la probidad sea la regla general y siga siendo un principio socialmente valorado.
Para eso es importante que el propio sector privado reaccione ante estos casos, separe aguas, los condene sin medias tintas y dicte sus propias normas de conducta. No sirve como excusa señalar que algunas de esas conductas son conductas generalizadas. Las pautas éticas cambian: lo que ayer podía ser admitido o tolerado, tal vez hoy sea inaceptable. En Italia, por ejemplo, no se percibió a tiempo ese cambio en la década de los 90, y la operación manos limpias llevada a cabo por fiscales y magistrados, apoyados por la prensa y la opinión pública, echó por tierra un sistema de partidos políticos que parecía arraigado y sólido, y -paradoja de la historia- permitió que Berlusconi se hiciera con el poder.
Mantengamos, pues, la perspectiva para juzgar los acontecimientos: graves irregularidades en un cuadro general de alto índice de probidad; oportuna reacción de la autoridad pública; judicatura imparcial para definir, en definitiva, las responsabilidades y, sobre todo, necesidad de una reacción oportuna de la sociedad para incrementar la confianza pública en las instituciones púbicas y privadas.