El 14 de noviembre pasado el Consejo para la Transparencia entregó su informe anual de fiscalización del cumplimiento de la Ley de Transparencia en materias de transparencia activa, correspondiente a los 329 organismos de la administración central del Estado.
Lamentablemente, y por primera vez desde la vigencia de la ley, se constata un importante retroceso en el cumplimiento de las obligaciones de la administración pública desde un 96% a un 93%. Este mal resultado se suma a que las fiscalizaciones relativas a universidades, estas retrocedieron de un 90% a un 85% y las fundaciones dependientes de la Presidencia lo hicieron de un 94% a un 91%.
La ley debe cumplirse cabalmente, más aun cuando entendemos que las obligaciones de transparencia activa son el piso mínimo respecto de la información que deben publicar los organismos públicos, y no un máximo o ideal. La información que se debe dar a conocer versa sobre aspectos tan relevantes – para un correcto control ciudadano de la gestión – relativos a remuneraciones, auditorías, compras y decisiones, por lo que la ciudadanía debe exigir su cumplimiento en un 100%.
La complacencia en estas materias puede ser fatal. Efectivamente, nuestra Ley de Acceso a la Información, su implementación y el funcionamiento del Consejo para la Transparencia han sido reconocidos en el extranjero como un ejemplo a seguir. Sin embargos, estos resultados demuestran que no se puede aflojar, y que debe aumentarse el rol de coordinación en estas materias.
Como Capítulo chileno de Transparencia Internacional, ponemos una luz de alerta y esperamos que estos malos resultados del 2014 se reviertan y no sean más que una piedra en el camino. Debemos redoblar los esfuerzos orientados a lograr un efectivo cumplimiento de la obligación del Estado en estos aspectos tan relevantes.