Un eventual ilícito cometido por persona jurídica y no natural sería el que enfrentaría la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), si la justicia estadunidense entrega antecedentes de lavado de dinero que le imputa a altos dirigentes de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) detenidos este miércoles, y de paso considera ilegales los depósitos por la Copa América 2015 recibidos por la federación de Chile.
“Esto se ha puesto de actualidad a raíz de los escándalos de la FIFA y particularmente, por las platas que habrían sido depositadas a la ANFP, porque es una persona jurídica y, por tanto, si ello constituyera un delito de lavado de dinero, eso afectaría a la persona jurídica y, en tal caso, la investigación no sólo la debiera hacer Estados Unidos sino la Fiscalía en Chile”, explicó el presidente de Chile Transparente, José Antonio Viera-Gallo.
Así ejemplificó el ex ministro y ex parlamentario la situación que enfrenta la organización que dirige Sergio Jadue, a quien se le vincula con la situación de los máximos oficiales de la FIFA por el US$ 1,5 millones que depositó en la cuenta de la ANFP la empresa Datisa, por los derechos de transmisión del evento deportivo que se desarrollará en Chile y que serían parte de los US$ 100 en coimas que la firma habría pagado por este y los otros tres torneos sucesivos de Copa América.
“La transparencia tiene que estar en la política, en los negocios y las organizaciones de la vida civil”, puntualizó el abogado, quien se reunió la tarde de este jueves en La Moneda con el ministro secretario general de la Presidencia, Jorge Insunza, a quien le manifestó la voluntad de Chile Transparente de contribuir a agilizar la agenda de transparencia elaborada a partir del informe Engel como resultado del trabajo de la Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción.
Entrando en materia, Viera-Gallo recalcó que uno de los aspectos que más le interesa a la entidad que dirige es la reforma constitucional que consagra principio transparencia en la Constitución y que está en comisión mixta, como la necesidad de aumentar delitos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas del sector privado.
“El ministro reiteró la voluntad del Gobierno de avanzar, de impedir que esto se pueda diluir de la agenda pública y que la propia Presidenta le ha instruido a él y a otros ministerios trabajar para concretar lo más rápido que se pueda el informe de la comisión Engel que incluye reformas legales que debe aprobar el Parlamento”.
También reiteró que Chile Transparente concuerda plenamente con el Consejo de Transparencia respecto de propuestas que fueron descartadas por el Gobierno durante el trabajo e la comisión.
Entre ellas están la atribución de fiscalizar a los partidos políticos, a las empresas privadas de servicios de primera necesidad (luz, agua, gas), las AFP, las isapres y universidades privadas que reciben fondos públicos y si es necesario darle rango constitucional a la entidad.
Otro aspecto fundamental es sacar adelante el proyecto del Defensor del Pueblo o Ciudadano (ombusman) proyecto aprobado por unanimidad pero que está “empantanado” en el Senado.