Luego de que el presidente Juan Manuel Santos afirmara, después de la reunión que el lunes en la noche sostuvo con la Comisión Nacional de Moralización, que la mayoría de casos de corrupción del país se presentan a nivel regional y que en esto tiene gran influencia el mal funcionamiento de las contralorías territoriales y el uso de supuestas fundaciones para realizar contrataciones irregulares, los contralores de Barranquilla, el Atlántico y el resto de la región Caribe respondieron al mandatario: no generalizar y más presupuesto, entre las peticiones.
Ernesto Ariza, contralor de Barranquilla, dijo que son lamentables las declaraciones del presidente Santos, que en su caso encontró una entidad con indicadores muy bajos y lo que ha hecho es tratar de fortalecerla institucionalmente, certificar y recertificarla.
“Parece que es una política nacional querer acabar las contralorías territoriales, no se les han brindado las herramientas necesarias. Eso ha sido un clamor y lo han dicho muchos colegas. Nos hemos sentido solos”, dijo.
Según Ariza la entidad venía de hacer controles de advertencia por alrededor de $5 mil millones y “en los últimos años ha superado los $100 mil millones en acciones que permiten evitar el riesgo de daño patrimonial, y los procesos sancionatorios también se elevaron”.
Para Luis C. Pertuz, contralor del Atlántico, las opiniones del presidente son respetables pero no las comparten, porque dijo que en su caso en los últimos tres años la Auditoría General ha “fenecido” la cuenta, no tienen ningún señalamiento ni investigación por corrupción. “Entonces creemos que no se puede generalizar y debería ser claro en decir en donde están las denuncias y cuáles son los hechos de corrupción que se presentan en algunas contralorías territoriales”, agregó.
Mario Félix Monsalve, contralor Distrital de Cartagena, dijo que frente a las denuncias del presidente Santos en las regiones y, especialmente tomando el caso de la ciudad, van a “redoblar los esfuerzos a efectos de contribuir a disminuir la corrupción”.
El funcionario dijo que a su despacho llegan denuncias de veedores ciudadanos y de las que se hacen en el Concejo sobre las distintas irregularidades que se cometen en la contratación pública distrital.
Más voces. La contralora de Valledupar, Mercedes Vásquez, reconoció que es una verdad que la contratación ha sido ‘caldo de cultivo’ para saquear los recursos públicos. “Esa es otra de las caras de este flagelo, no podemos extrañarnos porque es una realidad”, indicó.
No obstante, sostuvo que desde los territorios se ha aplicado un control para proteger el erario, aún a costa de que por esta labor, quienes persiguen a los corruptos resulten perseguidos. Advirtió que incluso en esta coyuntura electoral se va a arreciar. “Tenemos una larga lista de elefantes blancos, de contratos que nunca se terminaron y la administración no pudo recuperar”, dijo y relacionó entre estas obras sin terminar la instalación de los acueductos rurales, baterías sanitarias y la construcción de mataderos en los corregimientos.
El contralor del Magdalena y presidente de la Comisión de Moralización Departamental, Alejandro Pérez Prada, dijo que en buena hora el Gobierno Nacional anuncia el fortalecimiento presupuestal de los entes de control, al considerar que de esa forma se le dan más dientes para la luchar contra la corrupción.
El funcionario dijo que para nadie es un secreto que en el Magdalena hace unos años los grupos al margen de la ley se llevaron los dineros de la salud, la educación y de la infraestructura y que por eso era un ente territorial que marcaba la pauta en corrupción. “A eso precisamente se debe el gran atraso del Departamento”, anotó.
Manifestó que la Contraloría no ha conocido casos de contratación con asociaciones de municipios y que ha emitido funciones de advertencia a la Secretaría de Salud para que la contratación sea hecha con la red hospitalaria y no con fundaciones.
La contralora de La Guajira, Katine Olarte, dijo que el mayor porcentaje de recursos que se invierten en los entes territoriales, especialmente en su departamento, proviene del nivel central y por eso la competencia no es de la contraloría territorial y que los recursos son cada día menores, que dependen de la gestión que hace el ente territorial.
“No se trata de buscar culpables, pero es preciso aclarar hasta donde llegan nuestras competencias y si hay corrupción, la mayor responsabilidad está en el nivel central”, agregó.
El contralor departamental de Córdoba, Javier Cogollo, manifestó que no conocía las declaraciones dadas por el presidente Santos en torno al tema de fundaciones fachada.
Así mismo dijo desconocer si en este momento existen fundaciones de este tipo en Córdoba, pues no ha tenido denuncias al respecto. Sin embargo aclaró que el hecho de que unas fundaciones incumplan algún tipo de contrato no pueden ser catalogadas a la ligera como fundaciones fachada, eso requiere una investigación más exhaustiva.
Este medio fue hasta la Contraloría de Sucre para conocer la opinión del contralor Jaime Muñoz y la secretaria manifestó que estaba en una reunión y no tenía autorización para interrumpirlo. En horas de la tarde se llamó a su celular y estaba apagado y al fijo de la oficina y la misma persona sostuvo que no se encontraba en el momento.