A mediados de junio, y de manera desapercibida incluso para el Gobierno, un grupo mayoritario de parlamentarios de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados comenzó a impulsar una moción que permitía el aporte limitado de empresas a los partidos políticos, con un máximo anual de $12.5 millones.
El 1 de julio, la moción fue aprobada por nueve de los trece diputados que integran esa comisión y, recién entonces, en La Moneda cayeron en cuenta de que parlamentarios de la propia coalición oficialista habían patrocinado esa idea, la que apuntaba en la dirección contraria del proyecto que empuja el Gobierno y que establece que las empresas no podrán hacer aportes a la política.
Con estos elementos sobre la mesa, la colisión entre La Moneda y el Parlamento estaba garantizada: el Ejecutivo fustigó a los autores de esa indicación y anunció que se mantendrá firme en su proyecto original: prohibir cualquier aporte de empresas a la política y frenar la polémica indicación, cuyos principales artífices fueron los diputados Leonardo Soto (PS) y Fuad Chahín (DC).
Con el paso de los días, no obstante, las aguas fueron aquietándose y los propios parlamentarios reconocieron que el espíritu de su propuesta había sido mal entendido en La Moneda. Aseguran que no buscaban mantener abierta una ventana para que cualquier empresa transfiriera recursos a la política, sino que permitir que las inmobiliarias, sociedades comerciales y de inversión pertenecientes o vinculadas a los propios partidos o a sus altos dirigentes pudieran seguir administrando los activos de las distintas colectividades política y canalizando los excedentes que ese patrimonio pudiera generar.
Proceso de migración de los inmuebles a los partidos
Tras el portazo de La Moneda, algunas de las colectividades que cuentan con sociedades inmobiliarias y de inversión comenzaron a ver las fórmulas para traspasar los recursos financieros y activos inmobiliarios desde esas sociedades a los partidos propiamente tales.
En paralelo, algunos congresistas de la Nueva Mayoría comenzaron a hacer gestiones al más alto nivel para obtener un compromiso de parte de La Moneda: que junto al proyecto de financiamiento de los partidos que se discute en el Congreso, el Gobierno patrocine un proyecto complementario que se haga cargo de entregar una solución a este problema, ya sea permitiendo las transferencias limitadas de recursos en períodos que no sean de campaña o estableciendo un mecanismo y plazos para traspasar los activos desde esas sociedades a los partidos.
Una de las propuestas que circulan por el Congreso apunta a crear una figura jurídica nueva – similar a una fundación, por ejemplo – que se pueda hacer cargo de la gestión de esos activos, dado que los partidos propiamente tales son entidades que no pueden perseguir lucro.
El Ejecutivo asumió un compromiso de regular la administración del patrimonio propio de los partidos, así como los retornos de los instrumentos de ahorro, asegura el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Leonardo Soto (PS).
“Así como quedó el proyecto, las sociedades no podrían devolver los bienes a los paridos. Es una situación compleja y por eso el Gobierno quedó de abordarlo en el Senado”, agregó el diputado Fuad Chahín (DC).
PC: patrimonio por $3.625 millones y participación en inmobiliaria Araucaria
La misma investigación de Chile Transparente da cuenta de que el Partido Comunista es la segunda colectividad con el mayor patrimonio: $3.625 millones. De este total, $1.123 millones corresponden a bienes raíces. Según datos de Dicom, al 13 de julio de 2015, el PC cuenta con 25 propiedades.
A diferencia del PS, este partido sí cuenta con sociedades relacionadas. Según Dicom, el PC participa en la Inmobiliaria Araucaria, donde es socio con Inmobiliaria Baqueano Limitada. A la vez, Araucaria figura en el boletín comercial con 226 propiedades, cuyo avalúo es de $3.348 millones.
Araucaria fue inscrita en el Registro de Comercio en 2004 y modificada en 2014. Según el Diario Oficial, tiene como giro la inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, monedas, valores, bonos, acciones. “El Mercurio” intentó obtener una versión del PC sobre sus inversiones y qué harán con la participación en Inmobiliaria Araucaria una vez que se apruebe el proyecto de financiamiento de la política, pero no obtuvo respuesta.
DC: $1.758 millones en activos y dos sociedades
La Democracia Cristiana es la tercera sociedad con el mayor patrimonio. Tiene activos por $1.758 millones, según Chile Transparente. De acuerdo al boletín comercial, tiene 13 propiedades a su nombre.
Además, se vincula con dos sociedades de inversión: Inmobiliaria 4 de Septiembre e Inmobiliaria Círculo Azul.
La primera se encuentra inactiva – señalan en el partido – y la segunda todavía funciona. Cuenta con un directorio autónomo, cuya tarea es administrar bienes del partido, “pero no genera renta ni entrega plata al partido, así que no estamos preocupados”, señala una fuente de la falange, que descarta que le proyecto de financiamiento de la política pueda dificultar el funcionamiento de este tipo de sociedades<. “no generan ganancias”, reitera la misma fuente.
El diputado Chahín tiene un matiz. Cree que con el proyecto tal como salió de la Cámara, las sociedades relacionadas no podrían traspasar los activos al partido, y, eventualmente, tampoco podrían transferir excedentes: “El Gobierno quedó de verlo en el Senado. Eso esperamos” afirma.
PRSD absorbe sus propiedades, y sociedad Mosaico terminará disolviéndose
En el caso del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), parte de sus bienes han sido administrados a través de la sociedad Mosaico. Según el presidente de esa colectividad, Ernesto Velasco, el partido está en proceso de absorción de los bienes raíces: “Hoy los títulos de la sociedad están siendo entregados al partido”, afirma.
Concluido ese proceso, señala Velasco, la sociedad inmobiliaria Mosaico debería disolverse.
¿Con qué activos cuenta el PRSD? De acuerdo a la investigación de Chile Transparente, esta colectividad cuenta con un patrimonio de $1.037 millones.
Según Velasco, se trata de 11 o 12 bienes raíces a nivel nacional, no todos a nombre del partido. La histórica sede del barrio París Londres, por ejemplo, está en proceso de traspaso hacia el partido.
UDI: “Proyecto se podría prestar para burlar la ley”
La UDI no tiene un patrimonio propio muy importante. Según Chile Transparente, posee activos por $115 millones y no cuenta con sociedades vinculadas. Pese a esto, el senador y presidente de la colectividad, Hernán Larraín, ve con buenos ojos que los partidos cuenten con un patrimonio que les permita funcionar con autonomía respecto del Estado. Pero la idea que no comparte es que los partidos sean dueños de empresas propiamente tales.
En su lugar, señala, la ley debería crear una figura jurídica nueva – similar a una fundación o una ONG-, destinada específicamente a la administración de ese patrimonio. A su juicio, estas entidades deberían estar estrictamente reguladas por el Servel y por el Servicio de Impuestos Internos, “de modo que no se presten para burlar la ley” que se está discutiendo en el congreso.
Renovación Nacional, en tanto, cuenta con activos por $821 millones, la mitad correspondiente a inmuebles. En el Partido no estuvieron disponibles para hablar del tema.
PS administra directamente sus bienes, avaluados en más de $8 mil millones
Los partidos que formaron parte del proyecto de la Unidad Popular – Socialista, comunista y Radical—son los que figuran en los registros oficiales como los que poseen los mayores activos. Esto se explica porque, con el retorno de la Democracia, el Estado les restituyó los bienes que perdieron durante el gobierno militar. Fue en 1998, durante la administración del ex Presidente Frei, cuando se promulgó la ley que permitió la restitución de 227 inmuebles o su equivalente en dinero.
Ante el temor de que la historia se repitiera y volvieran a perder esos bienes, señala una autoridad de la época, los partidos no absorbieron por sí mismos los activos, sino que los inscribieron a nombre de las sociedades inmobiliarias, comerciales y de inversión que habían creado años antes, cuando el funcionamiento de los partidos estaba proscrito por el gobierno militar.
El partido Socialista (PS) es, por lejos, la colectividad que registra el mayor activo propio: más de $8 mil millones, según el estudio de Chile Transparente.
De ese total, $1.532 millones corresponden a terrenos y bienes raíces (14 propiedades según Dicom) e inversiones financieras por $6.492 millones, entre los que se incluyen inversiones en bonos de empresas, bancarios, depósitos y fondos mutuos.
A diferencia de otras colectividades, el PS no tiene sociedades vinculadas. Tanto los inmuebles como las inve3rsiones financieras están a cargo de una comisión de patrimonio. Esta instancia opera sujeta a normas que están por encima de las directivas de turno, señala el senador socialista Carlos Montes: “Las normas fueron definidas por el Congreso (del partido)”, dice.
Pese a que el PS no tiene sociedades relacionadas, sí tiene inversiones en el mercado financiero, incluyendo bonos de empresas. Esta situación podría dejar al partido en una situación compleja en caso de que el proyecto de ley que regula el financiamiento de la política se apruebe en el Senado tal como salió de la Cámara de Diputados.
Por esto el diputado Leonardo Soto, considera necesario que el Gobierno aclare, a través de un proyecto de ley o de una indicación al proyecto de ley o de una indicación al proyecto que se discute en el Congreso, cómo los partidos deberán administrar su patrimonio.
El proyecto, señala el parlamentario, debería establecer una fórmula y plazos para que los inmuebles migren desde las sociedades satélites a los partidos y, segundo, definir en qué tipo de instrumentos financieros pueden invertir los partidos. El informe de Chile Transparente hizo ver, en mayo de este año, que el PS es uno de los más transparente del sistema a la hora de mostrar sus cifras, pero que una de sus debilidades es que no detallaba los bonos en que invertía (identidad de las empresas).