El 3 de noviembre de 2014, el Comité Económico de Ministros entregó a la Presidenta Bachelet una serie de propuestas para reactivar la inversión privada en un horizonte de seis meses.
En el plan anunciado al país en el salón Montt Varas, el vocero del comité, el entonces ministro de Hacienda Alberto Arenas, sostuvo que el gobierno buscaría agilizar el otorgamiento de permisos para una seria de proyectos privados presentes en un catastro – iniciativas energéticas, mineras e inmobiliarias–, los cuales sumaban una inversión cercana a los US$6.000 millones.
En aquella oportunidad, el Gobierno anunció que consideraría cuatro requisitos para seleccionar los proyectos que apoyaría: que cuenten con una Resolución de Calificación Ambiental; que no tengan causas judiciales pendientes; que se puedan comenzar a desarrollar durante 2015; y que tengan trámites pendientes en algún organismo público o central, ya sea para su ejecución o su entrada en funcionamiento.
A nueve meses del anuncio, y tras solicitarlo a través de la Ley de Transparencia, el Ministerio de Hacienda mantiene en reserva una eventual lista de los proyectos que respaldará. Tal vez la única excepción a la regla es Alto Maipo, iniciativa hidroeléctrica que fue explícitamente apoyada por Arenas y posteriormente por el ministro de Energía, Máximo Pacheco.
¿Las razones del silencio? Tras un reciente fallo del Consejo para la Transparencia, presidido por Vivianne Blanlot, donde se respalda la determinación de mantener el nombre de las iniciativas en secreto, Hacienda reveló por qué no ha divulgado la lista de proyectos prioritarios. Hacerlo, dijo, pone en riesgo el desarrollo del plan y abriría la puerta a la judicialización anticipada de estas iniciativas, argumentó entre otras razones.
1 Lista “flexible”.
Según Hacienda, “el plan se enfoca en la gestión, en resolver problemas de proyectos específicos, y también algunos cambios de normativa que dependen del Ejecutivo. Esto da cuenta que el programa requiere de una serie de medidas para llevar a cabo sus finalidades, las cuales no se han adoptado – a la fecha—de manera completa” (…) corresponde más bien al conjunto de iniciativas de inversión que cumpla con los criterios definidos por el Ejecutivo y que por lo tanto es susceptible de experimentar modificaciones. Por consiguiente, no se trata de una información estática sobre la materia, sino de antecedentes que pueden experimentar modificaciones conforme se vayan efectuando los trámites pendientes para su materialización.
2 Complicaciones de publicitar los proyectos.
“No es razonable pretender identificar proyectos, de manera previa a la aplicación de las medidas proyectadas sin que se haya verificado previamente la factibilidad y pertinencia de una eventual agilización de orden administrativo. Lo anterior, daría pie de una manera cierta, probable y específica, a una serie de complicaciones que dificultan la puesta en marcha del plan”.
3 No Influir en los demás servicios.
Según el gobierno, “cabe señalar que respecto de la materialización del plan, el Ministerio de Hacienda actúa en calidad de coordinador de distintos servicios públicos, la mayoría de los cuales no se encuentran bajo su dependencia, los que deben ponderar la adopción de las medidas de agilización administrativa en función de sus facultades y de su pertinencia. Por ello la comunicación de una “lista de iniciativas” de inversión privada podría afectar el normal funcionamiento de tales reparticiones, comprometiendo la labor coordinada que deben desplegar los distintos órganos del Estado del Gobierno de Chile en su conjunto”.
4 Evitar efectos inversos en el plan.
“La sola divulgación de nombres de proyectos en una etapa previa a la aplicación de las medidas destinadas específicamente a destrabar su implementación y desarrollo, ocasionaría el efector inverso, pudiendo obstaculizar la correcta marcha del plan (de reactivación) con el consecuente incumplimiento de la finalidad del mismo”
5 No atentar contra Hacienda.
Según la argumentación, “conocer la información requerida puede, razonablemente perjudicar los intereses de esta cartera (Hacienda) y, consecuencialmente, la reactivación económica del país. En tanto, la finalidad del plan de reactivación económica con altas probabilidades, puede verse menoscabada, sin llegar a cumplir la finalidad específica que se tuvo en miras a la hora de comenzar la implementación del referido plan!
6 Evitar recursos de protección contra los proyectos.
De acuerdo a lo expresado por Hacienda, “acceder a la divulgación de la información requerida – la lista de proyectos de inversión a apoyar – puede generar anticipadamente una situación que conlleve la interposición de recursos de naturaleza judicial o administrativa, entrabando y dilatando de dicho modo la adopción de una decisión sobre el particular”.
7 Inmiscuirse en una eventual determinación presidencial.
Apoyando la tesis de Hacienda, el Consejo para la Transparencia sostiene que “exponer de manera prematura dicha información (la lista de proyectos que apoyaría el gobierno) podría generar un efecto adverso en su implementación, debido a que el conocimiento de los nombres de los proyectos en una etapa en que aún deben llevarse a cabo diversas actuaciones de los órganos competentes en su tramitación, puede dar origen a la interposición de recursos judiciales o administrativos que afecten la celeridad en la concreción de la medida adoptada. Del mismo modo, la entrega de la información (…) también supone inmiscuirse en el ámbito de decisión de la Presidenta de la República en forma previa a la adopción de una medida en particular sobre la materia”, añadiendo que con ello se pondría en riesgo “el privilegio deliberativo que en tal sentido ha consagrado el legislador, así como también entrabar la coordinación de los distintos órganos públicos que debían intervenir en el referido proceso de toma de decisiones dentro de su esfera de atribuciones”.
8 La información es privativa de Hacienda.
La Subsecretaría de Hacienda explicó que tiene las atribuciones “para definir y delinear una resolución, medida política pública, recabando y recopilando antecedentes que estime necesarios de parte de diversos agentes económicos, tanto públicos como privados, resulta esencial garantizar la reserva de dicha información, todo ello con el propósito de salvaguardar la función del Poder Ejecutivo en el diagnóstico, diseño e implementación de una política pública orientada a la reactivación de la economía, tal como lo expresa en plan de inversión”.
Chile Transparente.
“Busca no afectar la toma de decisiones”.
Para Alberto Precht, director de Chile Transparente, la reserva de los proyectos “busca no afectar la toma de decisiones o el debido funcionamiento de los órganos públicos”, desde ese punto estaría de acuerdo a sus atribuciones.
Eso sí, para el experto al momento de anunciar el plan “claramente se debió haber señalado que corresponde a proyectos que están en evaluación y que no son proyectos donde hay una decisión efectivamente tomada. Eso es lo que efectivamente se puede entender”.
En cuanto a evitar recursos por proyectos que corran con cierta ventaja, Precht es claro: “todos tenemos derecho a recurrir a distintas instancias. En el caso de inversiones que puedan ser contaminantes, a todo el sistema ambiental, incluso hasta la Corte Suprema como se ha visto en algunos casos”.