A seis años de la promulgación de la Ley 20.285, que regula el principio de transparencia de la función pública y el acceso a la información de los organismos del Estado, la directora del Consejo para la Transparencia, Vivianne Blanlot, asegura que la ciudadanía se encuentra en una fase de mayor empoderamiento para validar este derecho, aunque todavía existen algunas barreras por parte de las instituciones.
¿La ciudadanía está exigiendo más transparencia de las instituciones desde la implementación de la Ley?
Sí, la gente exige más. Existe un aumento del conocimiento y hay un aumento de la conciencia de que es un derecho el exigir información.
¿A qué atribuye el fenómeno?
Primero, tenemos muchos reclamos por transparencia activa, es decir, hay mucha gente que reclama porque en la página del organismo donde debiera estar la información permanentemente, no está. Eso es una demostración de que ellos esperan que esto esté y lo consideran un derecho. En segundo lugar, nuestros reclamos han aumentado significativamente. Cuando ingresé al consejo, teníamos entre 100 y 150 reclamos mensuales, hoy día tenemos del orden de 300 al mes.
¿Cómo evalúa usted la respuesta por parte de los organismos del Estado a la ciudadanía? ¿Son más proclives a atender esta demanda?
Se da mejor satisfacción ahora que hace cuatro años, pero todavía tenemos una cantidad importante de reclamos (…). En estos, nos damos cuenta que muchos organismos no entienden bien cuál es la información que deben considerar necesariamente pública y cuál puede ser reservada. Generalmente, los reclamos terminan en que nosotros acogemos la petición del ciudadano y eso muestra que los órganos públicos perciben que hay una necesidad mayor de reserva. Sin embargo, los organismos públicos han ido aprendiendo.
¿Cuáles son las razones de estos reclamos ?
Reclamos porque las personas no encontraron la información en la página web del organismo o porque pidieron algo, solicitaron información y no se les entregó o no quedaron satisfechos.
¿Cúanto han aumentado las solicitudes desde que partió la Ley?.
En los órganos centrales estamos hablando de unas 300 mil solicitudes desde el principio de la ley.
¿Cúal es la información que demandan más los ciudadanos?
Primero, los temas en que más se solicita es en educación, salud y territorial, como de las municipalidades, por ejemplo, cuando éstas cambian el plan regulador, cuando otorgan permisos de edificación, etc. Luego hay mucha solicitud de información de cómo los órganos públicos están gastando su presupuesto (…). Por ejemplo, cuánto se gastó específicamente en un período en financiar viajes al extranjero de funcionarios y también están los medios de comunicación.
¿En qué debemos avanzar en materia de acceso a la transparencia?
Un elemento en el que se ha ido avanzando en otros países, y nosotros no, es que esté el derecho a la información establecido constitucionalmente. Otro tema, es que el equivalente al Consejo para la Transparencia, tiene bajo su tuición no solamente los órganos de la administración central y municipios, sino que también al Congreso, a veces a partidos políticos, a todos los órganos del Estado, cosa que nosotros tampoco tenemos.
A raíz de la Agenda de Probidad, organizaciones de la sociedad civil aludieron al acceso de información de entidades de interés público como los partidos políticos…
Hay organismos de la sociedad civil que dicen que el Consejo para la Transparencia debiera ser el órgano de control de la transparencia y acceso a la información en el caso de los partidos políticos o del Congreso. Ahora, eso implicaría tener un rango constitucional superior al que tenemos ahora.
Pero, a su juicio, ¿la transparencia de este tipo de entidades debe estar bajo el alero de un organismo externo, considerando los casos judiciales de connotación política del último tiempo?
En mi opinión personal, creo que sería conveniente para restablecer la confianza pública que otros órganos del Estado estén bajo el control de un órgano autónomo y externo a ellos. La autorregulación es un concepto interesante, pero no suficiente sobre todo en la pérdida de confianza que ha habido de la ciudadanía respecto a todas las instituciones.
¿Sería pertinente que esta acción la efectuara el Consejo para la Transparencia.?
Sí, sería pertinente. En lo personal creo que, por ejemplo, lo que está haciendo el Congreso para autorregularse tiene mérito, pero tengo mis dudas de que sea suficiente.