En un contexto de absoluta desconfianza en el otro y en las instituciones, la transparencia se posiciona como un prerrequisito necesario para poder actuar en los asuntos públicos y la probidad como el principio orientador de toda gestión.
En ese sentido, mejorar los estándares con que se llevan a cabo las relaciones entre los órganos del Estado y los privados, especialmente en las actuaciones de los consejeros regionales, alcaldes, concejales y otras autoridades de los municipios, era una tarea pendiente.
Por esta razón, como capítulo chileno de Transparencia Internacional celebramos la aplicación de la última etapa de la Ley de Lobby, en donde las diferentes autoridades municipales y consejeros regionales deberán dar publicidad a sus audiencias o reuniones, a los viajes que realicen y a los donativos recibidos en el ejercicio de sus cargos, visibilizando así todas las gestiones de privados, incluidos los ciudadanos, que busquen influir en una decisión pública. Esta legislación aumenta los estándares de rendición de cuentas y transparencia que estábamos acostumbrados a ver en el sector público.
El lobby, como un mecanismo institucional de representar los diferentes intereses frente a las autoridades públicas, ha demostrado ser una herramienta efectiva para combatir las presiones indebidas, detectar actos de cohecho o soborno, y prevenir el tráfico de influencias, toda vez que las gestiones que representen intereses de los diferentes sectores se hacen visible para la ciudadanía. Esto le otorga al ciudadano mayores herramientas de fiscalización e involucramiento en las decisiones públicas.