“Estamos partiendo con el pie derecho con esta agenda de probidad que tanto esperan los chilenos y chilenas”, señaló el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, tras la aprobación del proyecto sobre probidad en la función pública en comisión mixta, que busca regular las declaraciones de patrimonio e intereses y unificar estándares para todas las autoridades y órganos del Estado.
Este proyecto de ley determina las autoridades y funcionarios que deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública. También, establece los casos y condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de ciertos bienes e instaura sanciones para proceder a la enajenación de determinados bienes que supongan conflicto de intereses en el ejercicio de su función pública.
Sobre el avance legislativo de este proyecto, el titular de la Segpres indicó que «es de extraordinaria importancia para el funcionamiento de la democracia, ya que la iniciativa establece claramente que todos los que tengan poder de decisión en las más distintas reparticiones del Estado, estarán obligados a hacer sus declaraciones de patrimonio oportunas y completas, así como también sus intereses y los de sus cercanos, a objeto de que todos los chilenos sepan que cuando las autoridades emiten decisiones lo hacen en favor del bien general y no del bien particular”.
Al finalizar la votación, el secretario de Estado recalcó que en cuanto al avance de la agenda de probidad y transparencia “vamos bien encaminados, pero nos mantendremos vigilantes” y destacó que los primeros proyectos de ley en ser aprobados serán aquellos contenidos en la agenda denominada 6+6 que buscará definir un nuevo marco regulatorio para las próximas elecciones municipales de 2016 y que “va a cambiar la cara de la transparencia en la política de este país, por muchas décadas”.
¿Qué permite esta nueva normativa?
La nueva ley ampliará el rango de autoridades que estarán obligadas a declarar su patrimonio y las actividades que realizan, así como también aquellas relaciones familiares y afectivas que pudieran interferir con el objetivo de sus funciones en el aparato estatal.
Así, deberán declarar su patrimonio e intereses diversas autoridades, tales como el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, parlamentarios, los intendentes, los gobernadores, los secretarios regionales ministeriales, los jefes superiores de servicio, los embajadores, los ministros consejeros y los cónsules.
También estarán sujetos a esta normativa, los consejeros del Consejo de Defensa del Estado, los consejeros del Consejo Directivo del Servicio Electoral, los consejeros del Consejo para la Transparencia, los consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública, rectores, los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos y los consejeros del Consejo Nacional de Televisión, entre otras autoridades y cargos que están sujetos a esta normativa.
Esta iniciativa deberá ser discutida y votada por las salas, tanto de la Cámara como del Senado, para finalizar su tramitación legislativa y convertirse en ley de la República.