El primer ministro de Rumanía, Víctor Ponta, fue oficialmente imputado por los casos de fraude y blanqueo de dinero en ese país, informó la Dirección Nacional de Anticorrupción (DNA).
La investigación contra Ponta fue abierta el pasado 5 de junio, con el fin de indagar sus actividades entre los años 2007 y 2011, cuando se desempeñaba como abogado, antes de asumir las riendas del gobierno (2012).
Según el informe de la Fiscalía rumana, señaló que la “DNA acusa a Victor Ponta de falsedad documental bajo su firma privada (17 infracciones), complicidad por evasión fiscal de forma continuada y blanqueo de dinero».
La entidad judicial aseguró que Ponta recibió aproximadamente 50.000 euros en 2011 por parte de un antiguo socio, Dan Sova, posteriormente nombrado uno de sus ministros, quien fue acusado a su vez en 2014.
La Fiscalía apuntó que el jefe de Gobierno emitió facturas falsas entre 2007 y 2008 por supuestas actividades de asesoría legal para el bufete de Sova, a fin de justificar sus ingresos.
El organismo solicitó al Parlamento la revocatoria de la inmunidad al primer ministro rumano para que fuese juzgado. Sin embargo, los diputados no respaldaron la petición.
Por su parte, Ponta ha negado los cargos y expresa que los señalamientos son una “manipulación a la opinión pública” además indicó que la información del caso no ha sido publicada completamente.
“En 2016, probablemente, presentaré mi candidatura al lado del equipo con el que he trabajado en los últimos 15 años en la provincia de Gorj para el cargo de diputado”, manifestó Ponta a través de la red social Facebook.
Sostuvo que “no le interesan otros cargos públicos” y dejó entrever que dedicará tiempo a asuntos personales.
En contexto
La Fiscalía señala que Ponta falsificó facturas para justificar los ingresos cuando se desempeñaba como abogado.
Al primer ministro se le investiga por conflicto de intereses, ya que él fue quien nombró a Sova ministro en 2012 y 2014.