Ayer comenzó el juicio a la infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarin y otros 16 acusados por el caso Nóos. Se trata de la primera vez que se sienta en un banquillo a un miembro de la familia real española. Se juzgará el fraude a Hacienda y la presunta trama tejida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y su ex socio Diego Torres, que percibieron unos 3,5 millones de euros de las administraciones públicas valencianas, 2,5 millones de euros del gobierno de las Islas Baleares y 114.000 euros en donaciones simuladas del Ayuntamiento de Madrid.
Ellos son los principales acusados, pero la presunta red artificial de los dos socios arrastra como responsables civiles a título lucrativo a la infanta Cristina y a Ana María Tejeiro, esposa de Torres, por haberse beneficiado y destinado los ingresos a gastos personales y familiares. El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach presentó ayer un informe de Hacienda como nueva prueba para avalar su tesis jurídica sobre la infanta Cristina y a Ana María Tejeiro por la cual una conducta que no fue considerada infracción administrativa tributaria tampoco puede ser delito. El fiscal defiende que cuando lo único que marca la diferencia entre la infracción administrativa y el delito fiscal es el importe de la cuota defraudada, (que debe superar los 120.000 euros para ser punible), “no es posible trasladar al proceso penal lo que no está previsto como infracción administrativa en las leyes tributarias”.
La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado ya pidieron que la causa fuera sobreseída para la infanta, aunque la consideran responsable civil a título lucrativo, por haberse beneficiado de 587.413 euros en el primer caso y de 168.571 euros según los representantes legales de Hacienda.