Hace una semana la ONG Transparencia Internacional publicó su más reciente ranking mundial el cual examina los avances en la lucha contra la corrupción entre 168 países, y Colombia no salió bien librada al ocupar el puesto 83.
Pese a tales resultados, Camilo Alberto Enciso Vanegas, Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República señala que en Colombia sí hay avances importantes en este campo, y por lo tanto la evaluación de dicha ONG no expresa a profundidad esos logros, ya que en su opinión, esa lucha en el país ha tenido progresos inéditos.
Y precisamente en aras de continuar avanzando se espera incorporar a 1000 veedores ciudadanos bien capacitados, para que ayuden al Gobierno en su empeño de denunciar y combatir la corrupción.
¿A qué cree que obedeció el resultado de Transparencia Internacional al ubicar a Colombia en ese puesto no muy cómodo?
Para empezar hay que aclarar algo: Colombia pasó de la posición 94 a la 83 en el ranking. Es decir, ascendimos 11 escalones.
Adicionalmente Colombia logró revertir una tendencia negativa en el índice. Estoy seguro de que el próximo año lograremos avances más palpables.
Por eso la frase típica de “la lucha frontal contra la corrupción” es difícilmente la que nos va a llevar al éxito en la lucha contra este flagelo, Lo que tiene sentido es un juego de posiciones… me explico ¿Cuál es la gran revolución que está haciendo el Gobierno colombiano? Es la revolución de la transparencia de la información de la “cosa pública”.
Hoy existe acceso a una Ley de Transparencia de la Información Pública que antes no la teníamos. Contamos, asimismo, con una Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, que obviamente exige que el Estado rinda cuentas de una manera mucho más diligente. Tenemos unas veedurías mejor organizadas y estamos trabajando con ellas. Lastimosamente la Ley 850 de 2003, que es la ley de veedurías ciudadanas, nunca se reglamentó y eso quedó en el olvido, fue un saludo a la bandera y es letra muerta.
Precisamente para fortalecer esa lucha, ¿cuáles son los propósitos de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República para este año?
Quiero montar 1000 veedores a nivel nacional, 1000 veedores de verdad, que estén capacitados, que sepan cómo vigilar, que sepan qué es un contrato público, cuáles son las fases de la contratación y los sectores en los que es más vulnerable el Estado para que se presenten actos de corrupción. Es decir, es un esfuerzo real por involucrar a la ciudadanía, dándole las herramientas para poder hacer su trabajo. Entonces todos esos son avances importantes. Hoy en día tenemos en la Secretaría el portal de Contratación Pública del Estado. Allí cualquiera puede ver y revisar la información que está ahí.
Entonces la capacidad de los colombianos para controlar la cosa pública se vuelve infinitamente más poderosa. Entonces surge una gran paradoja en la lucha contra la corrupción: entre más exitosos somos en combatirla más se visibiliza y más percepción de corrupción hay. Entonces claramente como Secretario de Transparencia desearía que se disminuyera la percepción de la corrupción, pero también mi trabajo es ayudar a destapar la olla podrida que hay en muchos lugares.
A propósito de ello, ¿cuál es su percepción sobre este fenómeno que se ventila a diario?
Colombia es un país que ha tenido cinco siglos de corrupción desenfrenados en todos los niveles. Colombia realmente tiene una política pública anticorrupción desde el año 2013, mientras que el Estatuto de Anticorrupción es de 2011. Entonces llevamos dos años en el proceso de implementación. Hace dos años la Secretaría de Transparencia tenía siete funcionarios, entonces ha venido en un proceso de evolución, de fortalecimiento institucional. Yo espero dentro de dos años dejar una institución mucho más sólida, con más recursos, con gente mejor preparada. Yo creo que estamos avanzando, pero el resultado no es fácil verlo de inmediato, esto no es magia. Eso no se logra en 3 o 4 años, ya que todos los sectores deben estar involucrados en esta tarea.
¿En qué consiste la ley contra el soborno trasnacional?
De la mano con el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Sociedades, la Secretaría de Transparencia impulsó y redactó la Ley de Lucha contra el Soborno Trasnacional, en la que se dictamina que las empresas serán sancionadas con multas multimillonarias por sobornos pagados en el país y en el extranjero. De esta manera la Superintendencia de Sociedades puede implantar sanciones de hasta $130.000 millones a compañías que paguen sobornos, sumado a que pueden ser inhabilitadas durante 20 años para contratar con el Estado. Esta ley es una piedra importantísima en la construcción del gran muro de contención que estamos levantando contra la corrupción desde el Gobierno Nacional.
¿Existe alguna estrategia de cara al postconflicto?
Me voy a reunir con Rafael Pardo para hablar de eso. La idea que tenemos es ayudar más debidamente a las entidades territoriales. Cada entidad deberá tener Enlaces de Integridad para la Paz, que se encargarán de liderar toda la política de integridad, transparencia y prevención de la corrupción en el sector público.
Necesitamos que las gobernaciones adopten pliegos estándar en materia de contratación pública, que usen procesos meritocráticos, que reduzcan el número de contratistas y fortalezcan sus plantas de personal, que hagan ferias de integridad para mostrarle a los ciudadanos su trabajo y que rindan cuentas.
En este proceso vamos a tener una responsabilidad compartida con el Ministerio del Interior donde hay que sacar adelante unas reformas en varios temas por ejemplo, financiación de campañas, elecciones, el tema de transparencia de los partidos políticos y garantizar la seguridad de los candidatos. Creo que se debe hacer una reforma a la contratación pública donde hay unos vacíos complejos.