Los partidos políticos tienden a percibirse como colectividades que se esfuerzan por promover sus intereses en vez de ser vehículos para la representación ciudadana. El Índice de Transparencia en Partidos Políticos (ITTP) de Chile Transparente viene mostrando hace tres años la precariedad del acceso a información básica de estas entidades, en aspectos programáticos y de financiamiento, entre otros.
Si bien se han aprobado reformas en favor de la transparencia en los partidos, falta resolver la incorporación de deberes y la extensión del derecho de acceso a información.
Se ha hecho un esfuerzo importante por cumplir los 34 estándares del ITPP, aunque el legislador optó por tomar sólo 21 como obligatorios, excluyendo mecanismos tan relevantes como los de prevención de delitos de corrupción, líneas de denuncia anónima, publicación de un programa base y agenda de actividades del presidente del partido, entre otros.
Asimismo, el financiamiento de los partidos plantea por qué cualquier ciudadano no puede ejercer el derecho de acceso a información, si son instituciones de derecho y presupuesto público.
Los bajos requisitos para la conformación de un partido, el aporte basal del Estado para financiarlos, las nulas obligaciones de contar con mecanismos de prevención de la corrupción, las atribuciones sin poder efectivo que el Servicio Electoral pueda ejercer y la falta de regulación preelectoral para que candidatos desafiantes puedan derrotar a candidatos incumbentes, abren la puerta a acciones poco éticas y financiamiento ilícito.