Después de 15 años de espera, es ley el proyecto que regula el acceso a la información pública, una herramienta clave para promover la participación ciudadana en la transparencia y el control en la administración pública. La norma obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a empresas, partidos políticos, universidades y gremios que reciban aportes públicos, a responder las solicitudes de información que eleve cualquier ciudadano en un plazo no mayor a un mes.
Una paradoja: el kirchnerismo, que mientras ejerció el gobierno trabó y demoró la aprobación de la ley, ayer no sólo apoyó la norma, sino que incluso facilitó los dos tercios de los votos para apurar la sanción.
Eufórico, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, celebró la sesión de ayer. «Hoy la Argentina se ubica en el puesto 54 en el mundo en materia de apertura de datos públicos. El acceso a la información es un derecho, pero nuestro objetivo es ser uno de los 10 países más transparentes del mundo», exaltó.