Con la reciente aprobación del proyecto sobre probidad en la función pública, el martes pasado, ya son dos las propuestas de la Agenda de Probidad y Transparencia que son despachados a ley de un total de cinco iniciativas.
Fue el Parlamento junto con el Gobierno los que comprometieron la aprobación de estas propuestas antes de fin de 2015.
Es así que este grupo de proyectos presenta cuarenta por ciento de avance al sumar la aprobación de la autonomía constitucional del Servel y la probidad en la función pública, a las que solo falta que sean promulgadas por la Mandataria, Michelle Bachelet.
El presidente del Senado, Patricio Walker (DC), valoró estos resultados parciales y se manifestó confiado en alcanzar la meta de visar los cinco proyectos de ley de la agenda antes de diciembre próximo.
«Esperamos cumplir en octubre, a más tardar la primera quincena de noviembre, con los cinco primeros proyecto de ley que nos habíamos comprometido a tramitar este año junto al presidente de la Cámara de Diputados, y al ministro Eyzaguirre», dijo Walker, quien agregó que «hemos tenido sesiones extraordinarias, nos hemos coordinado con los jefes de bancada y estamos coordinados para legislar bien y en los plazos que nos hemos fijado, y espero que cumplamos y si es necesario hacer sesiones extraordinarias lo vamos a hacer, porque la idea es cumplir con el compromiso de probidad y transparencia».
De esta manera, las tres propuestas que deberán ser aprobadas prontamente son: fortalecimiento y transparencia de la democracia, la que se encuentra en segundo trámite en el Senado; pérdida del escaño, que está en la Cámara Baja en segundo trámite, y la que busca crear la comisión de valores y seguros, iniciativa que se encuentra en el Senado, en segundo trámite.
Segunda etapa
A estas propuestas se añade otro grupo de proyectos que se espera sean aprobados durante el primer trimestre del próximo año. Se trata de un paquete de seis iniciativas legislativas.
Estas son las referidas a una mayor sanción de los delitos de corrupción y cohecho, la que impide la especulación en cambios de uso de suelo, la que fortalece el sistema de alta dirección pública, la Ley de Partidos Políticos, la iniciativa que crea un plan de formación cívica ciudadana y la que previene y sanciona los conflictos de interés.