El juez federal brasileño Sergio Moro, responsable por el proceso sobre la red de corrupción enquistada en la estatal Petrobras, afirmó hoy que el caso evidencia un escenario de «corrupción sistémica» en el que era «regla» pagar soborno por cada gran contrato celebrado por la petrolera.
«Hay pruebas e indicios de un escenario de corrupción sistémica», manifestó Moro en la apertura de un seminario organizado por la revista económica brasileña Exame en Sao Paulo, que contó con la participación de varios ministros y empresarios del país.
Moro, no obstante, señaló que esos «indicios tienen que ser comprobados y juzgados», aunque advirtió que las pruebas recogidas hasta ahora apuntan a que «todo gran contrato de Petrobras tuvo el pago de sobornos a dirigentes de la empresa y participación de políticos».
«Era regla de juego pagar sobornos del 1 % al 2 % del valor del contrato», aseveró Moro, convertido en un símbolo del combate a la corrupción en el país y quien fue aplaudido de pie durante su intervención en el foro.
Para el juez, «aquel cuadro informado por los colaboradores de la Justicia (en acuerdos de confesión a cambio de reducción de penas) es consistente con las pruebas e indicios presentes», aunque admitió que el «criminal que delata a sus cómplices no es siempre confiable», en referencia a los que hicieron esos acuerdos.
El caso, investigado desde 2014, se refiere a un escándalo de corrupción de Petrobras, la mayor empresa de Brasil, que generó pérdidas por US$ 2059 millones, según los cálculos de la empresa.
Hasta ahora la Policía ha detenido a ex directivos de Petrobras, políticos y a un grupo de empresarios, en su mayoría de las más importantes constructoras del país, que participaban en turbios negocios con la estatal.
Según estableció la Policía, los empresarios obtenían contratos, inflaban los precios, repartían parte de esa diferencia con altos cargos de la estatal y el resto del dinero lo distribuían entre políticos que amparaban esos negocios, en su mayoría de la base aliada a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
Moro señaló que cada contrato sospechoso derivó múltiples investigaciones y que la ilegalidad de «algunos ya está probada encima de cualquier duda», como los de la constructora Camargo Correa para ejecutar las obras de las refinerías de Abreu e Lima y Getulio Vargas, con sobornos pagados de unos 50 millones de reales (unos 14,2 millones de dólares); o el del soborno de 30 millones de reales (unos 8,5 millones de dólares) pagado por la constructora OAS a la también estatal Eletrobras y los 54 millones de reales (unos 15,4 millones de dólares) de otras empresas para la compra de navíos-sondas de Petrobras.
«Hay costos indirectos que pueden ser hasta mayores y más serios», como los «perjuicios a la competencia del mercado» y «el costo de la corrupción siempre impacta la eficiencia de la economía», ahora bastante frágil, resaltó.