CASO LUMINARIAS
Desde el año 2017, en el marco de la licitación en municipalidades de todo el país para el reemplazo de alumbrado público por luces led, la empresa ITELECOM, realizó sobornos a funcionarios de las 11 municipalidades involucradas con el fin de adjudicarse fraudulentamente las licitaciones que podrían ascender a $1.659 millones.
Para encubrir los pagos, representantes legales de la empresa contactaban a personas en situación económica vulnerable (viviendo en la calle), y les ofrecían dinero a cambio de firmar documentos notariales para fundar empresas de papel, que no tenían trabajadores reales, ni lugar físico, ni entregaba ningún servicio real.
ITELECOM emitía boletas ideológicamente falsas, en donde pagaba a las empresas ficticias por asesorías falsas o arriendo de bienes, y el dinero de esas boletas se usaban en coimas. De esta forma la empresa lograba disimular el retiro de esos dineros de la empresa y los entregaba a los funcionarios corruptos de las municipalidades.
Actualmente el caso continua en proceso de investigación y se la corte ha ordenado la prisión preventiva del ex alcalde de Negrete, Francisco Javier Jara, quien estaría enfrentando cargos de cohecho.
Recientemente las investigaciones de fiscalía han descubierto que los imputados Marcelo Lefort (ex gerente General), Ricardo Rodríguez (ex gerente Comercial), Leonardo Bustos (ex gerente de Administración y Finanzas) y Pedro Guerra (ex gerente de Ventas), habrían usufructuado del dinero que obtuvieron de manera ilícita e introduciéndolo al sistema económico, incurriendo así en el delito de Lavado de activos. En el caso de Lefort, la cifra de dinero asciende a más de $566 millones; Rodríguez a $458 millones; Bustos a $276 millones; y Guerra a más de $95 millones, que fueron utilizados por los ejecutivos para adquirir bienes suntuosos y aumentar su patrimonio personal.
El día 24 de marzo de 2022, se realizó la audiencia de formalización de ITELECOM por la ley de responsabilidad de la persona jurídica, en esta ocasión el fiscal declaró que «el referido programa de prevención de delitos en realidad no se encontraba implementado en forma efectiva y sólo constituía una fachada para dar cumplimiento a los requerimientos del BID y no para cumplir con la Ley N 20.393.