Caso SQM

El caso SQM fue un escándalo político y caso judicial chileno de carácter penal, que surgió en 2015 durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, referido al financiamiento ilegal de candidatos y partidos políticos realizado por la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) a través de pagos a personas relacionadas con estos por servicios nunca prestados.

El caso comenzó a ser indagado a fines de 2014, en el marco de la investigación de la Fiscalía de Chile por el denominado caso Penta. El trabajo de los persecutores permitió descubrir que SQM, controlada por el empresario Julio Ponce Lerou, pagó entre 2009 y 2014 más de 14 millones de dólares de manera ilegal a casi 300 personas, con el objetivo de financiar campañas parlamentarias y presidenciales de casi todo el espectro de la clase política tradicional de Chile, incluyendo las campañas de los candidatos a la presidencia Sebastián Piñera, Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami en 2009.

A lo largo de más de tres años, el caso acumuló más de 180 imputados y provocó la salida del gobierno del ministro Peñailillo, del ministro de Hacienda Alberto Arenas y del director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt. Al año 2018 había solo ocho personas con condena y alrededor de 120 personas habían dejado de ser investigadas.

El 14 de febrero de 2018, la Corte de Apelaciones confirmó la suspensión condicional del único proceso judicial en contra de SQM como persona jurídica y el 2 de marzo la Corte Suprema rechazó desaforar al senador Fulvio Rossi. En agosto de 2021, la Fiscalía a cargo de la persecutora Claudia Perivancich decidió no perseverar en las investigaciones de 32 de los acusados, por no haber querella por parte del Servicio de Impuestos Internos.