CHILE CAYÓ dos puestos en el ranking sobre percepción de corrupción que elabora anualmente Transparencia Internacional, situándose en el lugar 23 del mundo. Dados los acontecimientos de irregularidades, corrupción y colusión de actores relevantes del mercado conocidos el 2015, dicho descenso era previsible, al igual que los observados en el VII Estudio Nacional de Transparencia realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), donde 57% de los encuestados estableció que en Chile los organismos públicos son muy corruptos (el año 2012 el 51% pensaba lo mismo) y 54% afirma que es mucha gente la que está involucrada en ese tipo de acciones.
Si bien lo anterior pudiera ser reactivo a las situaciones conocidas, de acuerdo al Estudio del CPLT, pareciera ser más bien el reflejo de una enraizada desconfianza de la ciudadanía hacia las élites del sector público (20%) y las del privado (23,4%), lo que proviene -al menos en el caso de partidos políticos, Poder Judicial, Parlamento, organismos públicos, autoridades políticas y funcionarios públicos- de una muy mala evaluación ciudadana tanto de sus capacidades para ejercer sus funciones y cargos (22%), como de su nivel de integridad (11%) y de la orientación al bien común de sus acciones y decisiones (11%).
¿Es posible revertir esta situación que, a todas luces, afecta la calidad de nuestra democracia, nuestras posibilidades de desarrollo macroeconómico y, finalmente, la calidad de vida de nuestra población? Si ello es posible, entonces ¿cómo se hace?
A lo largo de estos casi siete años liderando la implementación de la Ley de Transparencia en Chile, el Consejo para la Transparencia ha ido evidenciando cómo el nivel de conocimiento y uso que tienen los ciudadanos del Derecho de Acceso a la Información incide positivamente en el nivel de confianza que se deposita en el sector público, es decir, a mayor conocimiento de este Derecho y de su órgano garante, así como de su ejercicio, mayor nivel de confianza en el sector público.
Esto nos muestra, entonces, que fortalecer y profundizar el Derecho de Acceso a la Información Pública en el país con un sistema único y coherente, es un buen camino a seguir para poder recomponer la confianza en lo público, ayudar a prevenir la corrupción y por consiguiente, mejorar la evaluación que la ciudadanía hace de las autoridades públicas y de la democracia en general.
En ese sentido, el Consejo para la Transparencia ha propuesto un sistema integral de transparencia, y no fragmentado como el actual, el cual incorpore a todos los poderes públicos, al Congreso Nacional y al Poder Judicial, como obligados por la ley de transparencia y bajo la misma supervisión y control, ya que para que la información pública sea un bien a disposición efectiva de las personas es indispensable contar con un órgano promotor, garante del derecho y autónomo en el cumplimiento de su rol.
Construir una cultura de la transparencia es un proceso que toma tiempo. La transparencia es hoy una oportunidad y todos los actores están cada día más conscientes. Es el momento, entonces, de redoblar los esfuerzos e impulsar las modificaciones que sean necesarias para dar el salto que se requiere para reconstruir la confianza entre las personas y el Estado.