Columna del Presidente de Chile Transparente, Gonzalo Devenau, en el diario La Tercera.
Advertimos con cierta preocupación la dirección que toman las opiniones respecto a ciertos fallos que el Consejo para la Transparencia ha dictado, en ejercicio del mandato que le impone la ley. Más allá de críticas específicas a lo resuelto, se avanzan criterios y posturas que no favorecen ni se condicen con lo que el país ha avanzado en los últimos años en materia de transparencia y acceso a la información.
La institucionalidad implementada ha sido un verdadero dique ante el riesgo de corrupción. Transparentar la información de las autoridades públicas es indispensable para eliminar el secretismo y poner barreras a los focos de corrupción que se producen cuando no existen los controles adecuados.
Hasta hace pocos años atrás, era la autoridad la que decidía a qué información podía acceder la ciudadanía; los órganos de la Administración del Estado, mediante decreto, podían establecer el secreto o reserva de sus propios actos o resoluciones.
La reforma constitucional que estableció la publicidad de éstos y, sobre todo, la Ley sobre Acceso a la Información Pública, han significado un cambio sustancial en la cultura de los órganos públicos. Asimismo, mediante dicho acceso a la información, la ciudadanía puede empoderarse y ejercer su derecho a participar en la gestión pública.
En esta materia, Chile ya ha transitado un camino que otros países aún tienen pendiente. Las exigencias de las convenciones internacionales contra la corrupción –de Naciones Unidas, la OEA y la OCDE- y el avance que ha tenido la libertad de información en países como el Reino Unido y México, con sendas reformas para la creación de una institucionalidad en torno al ejercicio de este derecho, dejan de manifiesto que, en el ámbito internacional, la tendencia es a favor del acceso a la información pública y no lo inverso. En los países donde aún no existe regulación en este ámbito, la ciudadanía clama por tales reformas.
Hoy en Chile, el acceso a la información pública es un derecho, con las reservas y limitaciones que la misma ley establece. El Consejo para la Transparencia debe resolver conforme a los antecedentes que se le entregan y principios en juego en cada caso, escuchando los respectivos alegatos y defensas de cada parte. Las decisiones del Consejo han permitido avances en transparencia que han sido positivamente recibidos por la ciudadanía, tales como el acceso a la información de corporaciones municipales y de universidades estatales. Desde el punto de vista de la transparencia activa, la fiscalización y evaluaciones del Consejo han generado conciencia sobre el nivel con que los órganos de la administración del Estado y las municipalidades informan sobre su organización y gestión, a quienes más importa que las conozcan: a los ciudadanos, vecinos, estudiantes, beneficiarios, usuarios, contribuyentes.
En la lucha contra la corrupción es indispensable contar con un organismo imparcial que resuelva cuál es la información que debe hacerse pública y cuál no. No se puede ni debe retroceder en esta materia. Los ajustes que haya que hacer han de ser a favor de fortalecer la institucionalidad y, de ser necesarios, deben hacerse de manera gradual y sin desviarse de la finalidad de avanzar en probidad y participación ciudadana. Trabajando en esta dirección, podremos tener un país donde nuestra convivencia sea en un ambiente de mayor confianza, seguridad y paz.