Chile Transparente observa con optimismo el esfuerzo del Gobierno y del Parlamento en avanzar en materia de regulación del lobby, con el fin de fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones con los órganos del Estado. El proyecto sienta las bases para ir adecuando la legislación chilena a la necesidad de regulación en la materia.
Esta iniciativa se enfoca en regular el lobby desde el punto de vista de las autoridades y funcionarios que pueden ser sujetos pasivos de las gestiones de intereses, y no desde la perspectiva de las personas que ejercen actividades de lobby, lo que constituye un cambio muy significativo en relación con las versiones anteriores.
El proyecto constituye un avance en transparentar las agendas públicas de las autoridades, ya que regula los registros públicos de agenda de los sujetos pasivos. En estos registros las autoridades y funcionarios deberán incorporar información sobre las reuniones y audiencias que sostengan, los viajes que realicen y regalos o donativos que reciban.
En el caso de los sujetos pasivos de la Administración del Estado, cada órgano o servicio llevará su propio registro público de agenda. La Contraloría General de la República, el Banco Central, cada una de las Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria, el Ministerio Público y la Corporación Administrativa del Poder Judicial deberán también llevar sus propios registros. El espectro de sujetos pasivos es, por tanto, muy amplio.
Es particularmente destacable que la información contenida en los registros públicos de agenda deberá ser publicada y actualizada, al menos una vez al mes, en los sitios electrónicos en que se publica la información para efectos de transparencia activa, conforme a la Ley de Transparencia (20.285) o a la norma sobre transparencia activa que les rijan a los sujetos pasivos.
Esta iniciativa debe complementarse con otros proyectos que se están discutiendo en el Parlamento, o que se deben presentar, con el fin de prevenir de una manera más efectiva lo que tenga relación con conflictos de intereses en el ejercicio de la función pública, con el financiamiento de la política y con las incompatibilidades que deben afectar a las personas que dejan la función pública para incorporarse al sector privado.
Luego de varios años de discusión, consideramos importante avanzar en estas materias, siendo la modalidad de registros públicos de agenda de los sujetos pasivos, plenamente válida para los propósitos de transparentar las reuniones que grupos de intereses soliciten a la autoridad.