Luego de conocer los resultados de Chile de este año dentro del Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparency International, surgen una serie de interrogantes y desafíos en relación con la manera en la cual debemos avanzar en transparencia y probidad de modo de disminuir la corrupción en nuestro país. Llevamos muchos años bien pero “ahí”, liderando en Latinoamérica pero no avanzamos, seguimos “empatando”. Y en estas materias quien no avanza retrocede.
El próximo cambio de gobierno abre sin dudas nuevos desafíos y esperanzas. En primer lugar, confiamos que, antes de que asuma el nuevo gobierno, el Congreso haya aprobado -finalmente- la ley de lobby, la ley de transparencia municipal, y las modificaciones a la ley de acceso a la información y de probidad pública. En segundo lugar, esperamos que la lucha contra la corrupción ocupe, desde el primer día, un lugar prioritario en la agenda de la nueva administración. Sabemos del compromiso e impulso que la Presidente electa dio a estas materias en su anterior administración, pero, al igual que en otros temas relevantes, los tiempos han cambiado y la demanda ciudadana es mayor.
Nuestro país ya cuenta con un cuerpo legal básico que debiera facilitar la lucha contra la corrupción y su prevención. Lo importante es hacer que esas normas se cumplan, no sólo en la forma sino en el fondo. Debe terminarse con la cultura del “cumpli-miento”, “cumplo pero miento”, es decir, se cumple en lo formal se engaña en lo substantivo. Más que nuevas leyes, necesitamos que las que existen se cumplan y se hagan cumplir. A su vez, los ciudadanos deben empoderarse en estas materias y denunciar cualquier caso o sospecha de corrupción o fraude. Los canales ya existen a través de la Contraloría, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y los mismos Tribunales de Justicia. Pero no basta con que existan denuncias sino que estas deben ser investigadas y, en caso de existir culpables, deben ser debidamente condenados y sus condenas cumplidas. La sociedad, por su parte, debe sancionar moralmente a quienes cometen estos delitos. No es posible que sigamos eligiendo como representantes de la ciudadanía a quienes han sido condenados por corrupción o fraude al Fisco.