El sello con la advertencia “muy urgente” es lo primero que resalta en el oficio reservado que, el 4 de enero pasado, envió la Fiscalía de Perú al Ministerio de Relaciones Exteriores chileno. El contacto entre ambos organismos radica en una petición de ayuda internacional, a raíz de una causa judicial abierta contra Valentín Fernández Bazán, alcalde del municipio de Nueva Chimbote, distante a 420 kilómetros de Lima.
El presunto caso de corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que implica al jefe comunal peruano, viajó más de 3.700 kilómetros para radicarse en la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona Oriente. Tras recibir el caso, el fiscal José Antonio Villalobos, inició una serie de diligencias para determinar la presunta utilización de empresas de fachada e inversiones bursátiles como mecanismo de ocultamiento de dineros provenientes de negocios irregulares.
Según los antecedentes remitidos por el Ministerio Público peruano, entre 2003 y 2010, el alcalde Fernández Bazán cumplió su primer período al mando del municipio.
“Durante esa época, aprovechando su condición de alcalde, favoreció (ilícitamente) a un grupo de personas allegadas a su entorno, mediante la suscripción de contratos (sobre bienes, servicios, ejecución de obras para el Estado y otros) que eran ventajosos para sus intereses personales, pero perjudiciales a los intereses del Estado. Y es que su propósito siempre fue enriquecerse con los caudales que administraba la comuna distrital”, dice el documento enviado por Perú. El monto vinculado sólo al perjuicio estatal se cifró en 159.877 nuevo soles; cerca de 31.282.096 en moneda nacional.
Para cometer este presunto delito, Fernández -que ganó la reelección en su municipio- se habría concertado con otras seis personas. “Cada uno de ellos adoptó roles, que obedecían a un diseño estratégico funcional, destinados a satisfacer un proyecto criminal, que implicaba participar en actos de corrupción para obtener ganancias económicas, para luego intentar ‘blanquear’ el dinero obtenido mediante transferencias a sus familiares y la creación de empresas en el extranjero, dificultando de esa manera el seguimiento que se pudiera hacer al mismo, esto es, procurando en todo momento la impunidad de sus actos”, detalla el escrito de la fiscalía peruana.
Según los registros del Departamento de Control y Fronteras de la PDI, la autoridad peruana estuvo en Chile en mayo de 2015. Otro de sus presuntos colaboradores registra viajes a Santiago que datan de 2008.
Una de las sospechas que llevó a las autoridades peruanas a requerir ayuda internacional a Chile, fue el descubrimiento de sociedades que la autoridad comunal creó en el exterior.
“Para intentar blanquear el dinero obtenido crearon, en el país de Panamá, una empresa ‘aif shore’ -o de fachada- denominada ‘Globe Holding Group Corporation’, a través de la cual se habrían realizado transferencias bancarias, inversiones, inyecciones de capital, etc, diversificando así el dinero que ilícitamente acumularon en el Perú; lo que supone que estarían cometiendo actos que se configuran como lavado de activos y delitos contra la fe pública”, afirma el oficio.
Este antecedente llevó a que el fiscal chileno José Villalobos solicitara al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago levantar información bancaria del alcalde Valentín Fernández y sus seis colaboradores, en 15 instituciones bancarias que operan en Chile. La diligencia apunta a determinar el presunto desvío de dineros a cuentas nacionales, un antecedente que, de ser acreditado por la fiscalía chilena, revelaría un nuevo caso de corrupción que cruzó la frontera intentando ocultar dineros provenientes de negocios ilegales.