El debate que existe actualmene en Chile con relación al aporte de las empresas y privados al financiamiento de los partidos políticos y las campañas también se ha dado en otros países. Según un reporte de la organización canadiense Idea, de 180 naciones que fueron estudiadas, todas tienen alguna forma de regulación respecto al uso de dinero en la política, como la prohibición de donaciones provenientes de determinadas fuentes o la limitación del gasto en el financiamiento público.
Así, una muestra de la preocupación que genera este tema es lo ocurrido en Sudán del Sur, ya que apenas seis meses después de su independencia en 2011 se aprobó una ley de partidos políticos, con varias cláusulas sobre la contabilidad de las colectividades y una nueva legislación sobre este tema fue aprobada por el Consejo de Transición Nacional Libio cinco meses después de que se derrocara al régimen de Muamar Gaddafi (1969-2011).
De acuerdo al estudio de la Ocde sobre el tema, que fue divulgado el año pasado, de la totalidad de países miembros sólo Suiza carece de algún tipo de financiamiento público, o sea, proveniente del Estado, a campañas y/o colectividades. Del informe se desprendió, además, que de los 34 países miembro, 15 -entre los que están Reino Unido, Alemania y Japón- mantienen aportes públicos regulares a las colectividades durante todo el año. En tanto, países como España, Francia y México entregan dinero permanente a los partidos políticos y, además, hacen aportes extras en tiempos de campaña. Chile, Estados Unidos y Australia sólo mantienen mecanismos de financiamiento en épocas electorales.
A continuación algunos ejemplos sobre medidas que algunos países han tomado en esta materia.
Estados Unidos
En este país los partidos son considerados maquinarias electorales. Así, el financiamiento que se consigue durante la campaña electoral, no sólo se utiliza en esa instancia, sino que también en las actividades posteriores. En 2010, la Corte Suprema levantó las restricciones que impedían a las empresas y sindicatos financiar libremente las campañas y anuló algunos topes que la ley electoral imponía a los donantes individuales.
Esto porque desde 1947, las compañías en EE.UU. no podían donar dinero para un candidato en particular y sólo estaban autorizadas a manifestar su postura sobre temas concretos en avisos publicitarios. Así, tras el fallo de 2010, las empresas pueden dar fondos para avisos publicitarios a favor o en contra de los candidatos en elecciones a nivel nacional. Sin embargo, siguen prohibidos sus aportes directos a las campañas de los candidatos.
En abril de 2014 la Corte Suprema abrió más los canales de financiamiento electoral al quitar algunos topes para las donaciones individuales, como lo había hecho cuatro años atrás para las empresas y los sindicatos. Hasta antes del fallo de 2014, un particular podía contribuir con hasta US$ 5.200 por cada candidato a la Cámara de Representantes o del Senado (US$ 2.600, tanto para las elecciones primarias como las generales), con el límite de US$ 48.600 en total para todos los candidatos durante cada ciclo electoral, que dura dos años.
Perú
El financiamiento está regulado en la Ley de Partidos Políticos. La norma se promulgó en 2003 y establece un financiamiento mixto: público-privado. Los aportes privados se tienen que rendir ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe). Por otro lado, las entidades políticas que obtengan representación en el Congreso recibirán del Estado fondos directos. Esto comenzó a regir en 2006. Sin embargo, no se ha llevado a la práctica. Actualmente en el Congreso se está debatiendo una reforma a la ley electoral. Hasta ahora se han promulgado algunos puntos del documento, pero quedan varios por ser discutidos. Entre ellos se encuentra que el financiamiento público sea obligatorio.
Brasil
En mayo pasado, en medio del escándalo de Petrobras, comenzó una discusión en el Congreso de la reforma al sistema electoral y actualmente se encuentra todavía en trámite legislativo. Entre los puntos que se debaten se encuentra: el sistema electoral y el financiamiento de campaña, entre otros.