El próximo 11 de marzo asume el nuevo gobierno en Chile y con ello surge la oportunidad de analizar cuáles son los ámbitos en los que existen avances pendientes en materia de transparencia y probidad y cuáles debieran ser los prioritarios.
1. Conflictos de intereses
En el último tiempo se ha visto en Chile un creciente interés por parte de la ciudadanía en conocer los antecedentes y actividades de las autoridades designadas por el nuevo gobierno, como parte de evaluar públicamente la idoneidad de una persona para desempeñar el cargo en que se le ha nombrado. Además, diversos reportajes en los medios y acciones de la sociedad civil cuestionaron los intereses de senadores y diputados en empresas y actividades aparentemente afectadas por las decisiones que adoptaran en el trabajo legislativo en el Congreso.
La formulación y el fortalecimiento de normas y mecanismos para prevenir, o, en su caso, manejar los problemas que pudieran generar los conflictos de intereses de autoridades de gobierno y parlamentarios debería ser una prioridad en la agenda.
En lo concreto, en este momento se encuentra bastante avanzado en su tramitación el Proyecto de Ley de Probidad en la Función Pública, iniciado por el gobierno saliente, que contiene avances sustanciales en relación con las declaraciones juradas de patrimonio y de intereses. Con este proyecto, las declaraciones se realizarían a través de un sistema electrónico y quedarían disponibles para el público a través de un solo sitio web y, finalmente, se le entrega a la Contraloría General de la República la facultad (hoy inexistente) de fiscalizar las declaraciones y su contenido.
El proyecto contiene asimismo normas sobre dos nuevos mecanismos para prevenir los conflictos de intereses: el mandato de administración (o fideicomiso ciego) y la enajenación forzada de activos.
La discusión sobre los conflictos de intereses podría llevar también a retomar asuntos que han sido dejados de lado desde que terminó el primer mandato de la Presidenta Bachelet, como es el caso del proyecto de ley que establece impedimentos para ocupar cargo en instituciones privadas sujetas a fiscalización por el funcionario respectivo (boletín 4186-07), que apunta a regular lo que comúnmente se denomina “puerta giratoria”.
2. Implementación de la Ley de Lobby
Muy relacionada con los conflictos de intereses, hay una materia que es objeto de una ley recientemente promulgada: la ley de lobby, que establece, por una parte, la obligación de las autoridades de mantener registros de agenda pública, incluyendo las reuniones que sostengan, los viajes y los regalos que reciban; y, por otra, la obligación de las personas que realizan lobby o gestión de intereses particulares, de inscribirse en los registros de lobbistas. La Presidenta de la República tendrá la responsabilidad de dictar el Reglamento de esta nueva ley, en el cual deben regularse detalles importantes, como los procedimientos, plazos, antecedentes e informaciones requeridas para practicar las inscripciones en el registro público de lobbistas y de gestores de intereses particulares. Una vez dictado el Reglamento, es necesario implementar efectivamente la ley, proceso que debiera requerir un importnate esfuerzo- incluso cultural- ya que estas normas introducen cambios fuertes en las prácticas de las relaciones entre los lobbistas y los sujetos pasivos de lobby. Así también, es importante que el ejecutivo dote al Consejo para la Transparencia del presupuesto necesario para la implementación de esta ley en lo que a ellos corresponde.
3. Transparencia amigable
En los últimos cinco años hemos sido testigos de los progresos en la aplicación de la Ley de Transparencia, lo que ha significado un cambio muy importante en la relación entre las personas y las autoridades y organismos encargados de tomar decisiones. Sin embargo, aún quedan brechas por cerrar y el nuevo gobierno podría asumir un rol proactivo en abordarlas. La última fiscalización en relación con el derecho de acceso a la información pública efectuado por el Consejo para la Transparencia, detectó que los organismos públicos cumplen en 61,8%, en promedio, en la tramitación de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos. Por otra parte, la Administración también debería preocuparse de que, más allá del cumplimiento formal de la ley, se entregue información a las personas de manera oportuna, comprensible, amigable, en una forma que les sea de utilidad real para conocer y ejercer derechos ciudadanos y que permita la fiscalización y evaluación de los organismos y autoridades en relación con la ejecución de las políticas públicas.
4. Reformas en el financiamiento político
Durante las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2013 se puso de manifiesto en Chile la importancia de que los candidatos y candidatas y los partidos, transparenten sus fuentes de financiamiento. Hubo quienes voluntariamente las hicieron públicas, sin embargo, sería deseable que tal transparencia sea norma obligatoria y no una buena práctica excepcional. Actualmente, la ley chilena permite a los candidatos o candidatas recibir tanto aportes reservados como de personas jurídicas, aspectos que podrían ser reformados. Cabe señalar además que actualmente nuesto Servicio Electoral no está adecuadamente dotado de facultades ni de recursos para llevar a cabo una fiscalización adecuada del cumplimiento de las normas vigentes sobre límites en el gasto electoral. Lo anterior debe ir de la mano de la discusión y aprobación de la ley de transparencia de partidos políticos presentada por el gobierno saliente, incluyéndose financiamiento público para los paridos en la medida que exista transparencia y rendición de cuenta.
5. Transparencia sectorial: industria extractiva
Finalmente, los avances importantes logrados por la Ley de Transparencia deben ser seguidos de una preocupación por la apertura de la información en determinados ámbitos en que existe una mayor necesidad o demanda. Es el caso de la minería en Chile, su principal sector productivo y fuente de ingresos. A nivel global, la demanda de transparencia en las industrias extractivas se ha incrementado en los últimos años. Los estándares de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) han sido adoptados o están prontos a ser adoptados por muchos de los principales países productores de petróleo, gas y minerales. Estos estándares exigen la transparencia tanto de los pagos que las empresas realizan al gobierno (por impuestos, royalties y otros conceptos) como del dinero que el gobierno recibe de las empresas. Asimismo, nuevas regulaciones en Estados Unidos (Dodd-Frank Act) y en la Unión Europea exigen a las empresas transparentar los pagos que realizan proyecto por proyecto, además de país por país. Es de esperar que el nuevo gobierno preste atención a esta tendencia global y comience a emprender pasos para que las personas conozcan de mejor manera las fuentes y el destino de la riqueza originada en la explotación de nuestros recursos mineros.