Señor director:
Polémica ha causado el Decreto Supremos 14 del Ministerio de Economía, el cual modifica el reglamento sobre documentos electrónicos, firma electrónica y certificación de dicha firma, y que en su artículo 2 deroga el Decreto 77 de la Segpres de 2004, el cual obliga a conservar los correos electrónicos por un periodo de seis años, con el objeto de asegurar la constancia de la transmisión y recepción de la información. Más allá de las intenciones que motiven esta medida, el tema es relevante porque plantea una serie de desafíos que todavía debemos resolver en materia de transparencia.
Bajo este contexto, es fundamental avanzar en la elaboración de una nueva ley sobre gestión y almacenamiento de archivos, la cual considera los avances que se han desarrollado en materia de soporte digital de la información. La innovación es una característica de esta dimensión y cualquier ley debe afrontar este aspecto para garantizar con éxito la memoria institucional de cualquier organismo público y privado. La ley de Transparencia fue un avance pero no ha visto su correlato en una adecuada ley de archivo. Además, su existencia evitaría decretos que puedan generar consecuencia que no eran las deseadas. En tal sentido el vilipendiado Decreto 14 constituye un importante avance ya que viene a establecer procedimientos en base a criterios técnicos y objetivos en relación con los documentos electrónicos, la firma electrónica y la certificación de ésta.
Finalmente, la polémica suscrita por el nuevo decreto, en lo que respecta a la derogación del Decreto 77, no se habría dado si el Congreso hubiera aprobado el proyecto de Ley de Transparencia, uno de cuyos aspectos mas importantes era, precisamente, establece el carácter público de la información contenida en los correos institucionales. La discusión y aprobación de este proyecto son -sin duda- urgentes para zanjar mediante la ley de acceso un aspecto que no se encuentra del todo resulto.
Gonzalo Delaveau Swett,
Prsidente de Chile Transparente