Con casi ocho horas de intensos discursos dio inicio en España el juicio por el «caso Gürtel», trama de corrupción, sobornos y malversación de fondos que involucra a varios ex miembros del Partido Popular (PP), a un grupo de empresarios y a un hombre que se hace llamar «Don Vito» en alusión al famoso mafioso del cine.
El caso Gürtel (correa, en alemán) -el mayor caso de corrupción en la historia democrática del país- adquiere su nombre del dirigente de la trama, el empresario Francisco Correa. «Don Vito» -como le llamaban sus colaboradores directos- al igual que el protagonista de «El Padrino» tenía importantes contactos con el sector político, aunque, a diferencia del famoso personaje ficticio, él no los utilizaba para controlar el contrabando o las apuestas ilegales, sino para obtener cuantiosos contratos de obras públicas para sus empresas o las de sus amigos. El empresario es acusado de haber sobornado entre 1999 y 2005 a diputados del PP para obtener estos contratos.
Este caso fue destapado en 2009 y ha sido una de las grandes piedras en el zapato del PP. El Presidente Mariano Rajoy ha llegado a admitir que la corrupción ha afectado su apoyo entre el electorado tanto como los recortes de su gobierno. Pero, a la vez, creen que ya «han pagado por ello».
Según reconoció el mismo Correa, los jefes de empresas le pagaban «una comisión del 2 o el 3%» sobre el total de la adjudicación. De esa forma logró conseguir millones de euros de gobiernos municipales y regionales (en Valencia, Castilla y León y Madrid) en manos del PP.
La acusación estima que «Don Vito» logró beneficios de al menos 40 millones de euros y defraudó a Hacienda por al menos 20 millones, señala El Mundo.
Entre los 37 acusados por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude y asociación ilícita, entre otros, figuran dos antiguos tesoreros del PP, Ángel Sanchís y Luis Bárcenas. Este último ya estaba con un proceso abierto luego de que en 2013 se le descubrieran 48 millones de euros en cuentas en Suiza, y se cree que las comisiones del Gürtel son el origen de ese dinero.
A partir de esa revelación salieron a la luz los «papeles de Bárcenas», como se conoce la contabilidad B del PP atribuida al ex tesorero, que presuntamente nutrió al partido de dinero en negro entre 1990 y 2008.
Debido a la gravedad y extensión del caso, la Fiscalía ha pedido que se condene a 125 años y un mes de prisión a «Don Vito».
En cuanto al resto de los acusados, se solicita 85 años y medio para Pablo Crespo -número dos de la trama y ex secretario de organización del PP en Galicia- y 42 años para Bárcenas.
La colectividad de Mariano Rajoy también está siendo juzgada, pero no por cometer delitos, sino como «partícipe a título lucrativo»; es decir, por haberse beneficiado del fruto de un delito del que no era conocedor. El partido ha intentado tomar distancia del asunto. «Que la Justicia haga su trabajo», dijeron fuentes del PP a El Mundo, y recordaron que «todos los afectados fueron expulsados o abandonaron el PP».
«Este caso golpea de lleno la credibilidad del sistema de financiación del PP, y podría afectarlo en caso de unas posibles terceras elecciones», dijo a «El Mercurio» el académico de la Universidad de Barcelona, Cesáreo Rodríguez-Aguilera, quien recordó que los populares ya perdieron votantes -que se pasaron a Ciudadanos- por investigaciones anteriores de casos de corrupción.
La trama de corrupción fue destapada en 2009 por el entonces juez Baltasar Garzón, inhabilitado posteriormente por haber autorizado escuchas telefónicas entre los principales implicados en el caso y sus abogados.
Esta fue una de las razones que utilizó la defensa ayer para exigir la «nulidad» de la evidencia. «Las grabaciones fueron objeto de edición y manipulación», alegó Miguel Durán, uno de los abogados, recordando que las grabaciones fueron «transcritas por la policía», por lo que no se puede garantizar su veracidad. La defensa también exigió la nulidad de esta causa debido a la «politización» del caso. «Se empezó a perseguir al PP, a darle patadas al PP en el cuerpo de todos los acusados», dijo Duran.
Sin embargo, los abogados de Correa no hicieron los mismos alegatos. Esto representa un giro en la estrategia del principal acusado, que según fuentes de su entorno está dispuesto a reconocer los hechos y colaborar con la Fiscalía, dice El Mundo.