A través de los medios de comunicación, la opinión pública ha tomado conocimiento durante los últimos días sobre una supuesta irregular relación que existiría entre el financiamiento privado y la actividad política. Este hechos trae de nuevo a discusión el tema de las reformas sobre la normativa del control y la transparencia del financiamiento electoral en Chile.
En Chile, la actual legislación sobre control y financiamiento electoral acepta donaciones de personas jurídicas y establece un sistema tripartito de donaciones según su cuantía: donaciones anónimas, reservadas y públicas. Las donaciones menores de hasta 20 UF pueden efectuarse de forma anónima, las donaciones para las parlamentarias puede ser reservadas entre 20 y 800 UF (hasta 1.500 UF para candidatos presidenciales), las mayores a esa suma deben ser siempre públicas.
Bajo este contexto son dos puntos los que se pueden poner a discusión. El primero es la conveniencia de las donaciones por parte de personas jurídicas y, el segundo, la pertinencia de las donaciones reservadas.
Con respecto al primer punto, debemos señalar que no existe un consenso al respecto en la legislación comparada; algunas regulaciones las permiten, otras no. Uno de los principales argumento que se esgrime, para la prohibición a las donaciones políticas por parte de personas jurídica, se funda en el hecho de que están privadas de ciudadanía, es decir, no votan, por ello quienes votan debieran ser siempre persona naturales. Otro se refiere a que con ello se elimina o se ve limitada la capacidad de influir mediante aporte monetarios. Finalmente se sostiene que ciertas empresas pueden con sus recursos producir un potencial desequilibrio en la contienda electoral, aun que lo normal es que los conglomerados económicos tiendan a «repartir la torta».
Entre los argumentos para permitir aportes de personas jurídicas se esgrime que no todas son necesariamente empresas, sino que hay instituciones de diversa índole que agrupan a ciudadanos y legítimamente se organizan para promover sus intereses. Por otro lado, el prohibir las donaciones de personas jurídicas en general y de la empresas en particular, podría tener como efecto un alto grado de irregularidad y la búsqueda de vías no convencionales de donación privada que son difíciles de detectar por los órganos de control. En efecto, en Estados Unidos se ha observado una práctica elevada de soft money, esto es, que ciertas empresas y organizaciones realizan en sus mensajes comunicacionales propaganda a favor de ciertas ideas promovidas por los distintos candidatos.
Con respecto a la reserva de las donaciones, Chile posee una de las pocas legislaciones donde esto se permite. En 2009, Chile Transparente realizó un estudio sobre el control del gasto electoral en las elecciones municipales de 2008, y en la revisión de las rendiciones de cuenta de los candidatos nos dimos cuenta que existían muy pocas donaciones públicas y una gran cantidad de donaciones reservadas. Es decir, con la actual normativa no se puede evitar, por medios del control ciudadano, la posible captura por parte de cierta personas o grupos de intereses de nuestros representan, ya que no sabemos quien aportó.
Estimados que una salida intermedia a las inquietudes que planteamos es establecer un financiamiento público parcial que incluya a los partidos políticos, permitir aportes de empresas e individuos -con los beneficios tributarios del caso para ambos- siempre con la máxima transparencia, eliminando el carácter reservado o disminuyendo drásticamente el monto de la reserva.
Avanzar en temas como la obligación de los candidatos y partidos políticos de mantener una cuenta corriente única para recibir los aportes al financiamiento de sus campaña; la creación de una sub-dirección de control de gasto electoral que pueda velar por el cumplimiento de la ley, pudiendo incluso fiscalizar en terreno la veracidad de estos gastos; la promulgación de la ley lobby; el perfeccionamiento a las declaraciones de patrimonio e intereses son medidas que van en la línea de aumentar los niveles de transparencia del financiamiento en las campañas y de la política en general. Algunas de estas iniciativas llevan tiempo ya en el Congreso y emplazamos al gobiernos y parlamentarios a aprobarlas a la brevedad.
La actividad política experimenta, lamentablemente un alto grado de des-legitimación y en este sentido, la transparencia y el control del financiamiento y gasto electoral aparecen como dos pilare fundamental para revertir esta situación.