La falta de transparencia institucional en la democracia de Panamá es uno de los temas más cuestionados por los panameños, que hoy día exigen cero corrupción en el Gobierno.
Entidades como el Tribunal Electoral (TE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio de Seguridad (Minseg) aparecen como las más transparentes del Estado, a pesar de que durante el primer año de gestión de Juan Carlos Varela han sido cuestionadas por actuaciones que podría conllevar a la corrupción.
Las tres entidades mencionadas fueron evaluadas con un 100% por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Antai), revela el último informe presentado por ese ente.
En el caso del TE, este ha sido cuestionado porque hasta hace unos meses adoptó el Código de Ética de los Servidores Públicos, luego de múltiples críticas porque el magistrado presidente Erasmo Pinilla aceptara que nombró a familiares en esa institución electoral y aún se desconoce si alguno de ellos trabaja allí.
Por su parte, la Corte ha estado en el ojo de la tormenta por el manejo de la justicia selectiva y las denuncias de supuesta venta de fallos.
Ante esta realidad, el constitucionalista y catedrático Miguel Antonio Bernal afirmó que no se debe valorar la transparencia de las instituciones con ciertos criterios porque todas deben ser transparentes.
«Es una burla que digan que estas entidades son las más transparentes y considero que la ley está hecha como la de contrataciones públicas, a la trampa», manifestó el jurista.
Señaló que se debe hacer una reforma para que se penalice o se sancione toda autoridad o institución que no cumpla con los criterios básicos de rendición de cuentas y transparencia que debe existir en cualquier entidad gubernamental.
A juicio de Bernal, la Antai debe hacer correcciones y no hacer evaluaciones de transparencia porque esa labor la puede hacer el ciudadano. «Los panameños son los únicos que pueden decir si consideran que entidades como la Corte, el Tribunal Electoral, el Ministerio de Seguridad son transparentes», expresó.
Señaló que el pueblo está cansado de la corrupción y que lo que se quiere son correctivos.
Por su parte, Carlos Lee, miembro de Alianza Ciudadana, expresó que los informes de transparencia se hacen tomando en cuenta algunos parámetros en los cuales las entidades pueden salir bien evaluadas y se dejan por fuera otros.
En cuanto a la labor de la Corte, Lee dijo que ellos no han aclarado el gasto de los viajes, lo que indica que se debe hacer permanentemente una evaluación de todos los parámetros que la ley les exige a las entidades públicas.
«La ley tiene muchas limitaciones y hay que revisarla para que le dé mucha más autonomía a la Antai y que pueda tener fuerza coactiva para exigir a los funcionarios más transparencia», señaló.
Lee indicó que, al no estar contemplado en la norma el que las instituciones deben cumplirla, rige el principio de que los funcionarios hacen lo que la ley les exige.
«La población quiere más transparencia de las entidades públicas, y los funcionarios no van hacer más de lo que la ley les exige», añadió.
En tanto, el abogado Ernesto Cedeño dijo que hay instituciones, como el Tribunal Electoral, que no han cumplido con la transparencia porque no han dado a conocer cuántos parientes cercanos están trabajando en la entidad gracias al nepotismo.
«La medición de Anati no refleja la conducta de algunos regentes de las entidades, sino lo que establece la Ley 6 de 2002», manifestó.
El director de Acceso a la Información, Rodrigo García, dijo que los criterios que se utilizan para evaluar las entidades son los que se establecen en la Ley 6 del 22 de enero de 2002, que señala que estas deben tener una sección de Transparencia y cumplir con los artículos 9, 10, 11, 26 y 27.
El funcionario explicó que en la medición que desarrolla Antai cada mes, no solo se toma en cuenta la calidad de la información, sino la actualización de la misma.
Sin embargo, aclaró que una cosa son los contenidos mínimos que exige la ley y otra cosa es el acceso a la información que debe tener el ciudadano cuando ingresa a las páginas web de las instituciones públicas.
«Nuestra responsabilidad es que se cumpla la Ley 6 de Transparencia y, además, queremos que cada institución actualice su sección de Transparencia cada 30 días, ya que es un servicio que brinda», manifestó.
García expresó que en la Ley 6 sí se estipula una sanción pecuniaria en caso de que las entidades no cumpla con la norma.
Para la exdirectora de la Antai Abigail Benzadón, la transparencia desde el Gobierno solo se produce respetando la Ley 6 de 2002 y la Constitución, artículos 41 al 43, ya sea por voluntad de informar a través de sus páginas web, comunicados, ruedas de prensa, etc., o bien porque a falta de esa información voluntaria emanada del Gobierno, se puede lograr por solicitud del interesado.
Nodo de Transparencia
Desde 2001, la Defensoría del Pueblo tiene en su portal una sección denominada Nodo de Transparencia. Allí diferentes instituciones del Estado y varias organizaciones de la sociedad civil publican información con respecto al artículo 11 de la norma.
En la actualidad, hay un total de 67 que cumplen.