Fue el 24 de abril pasado cuando la comisión liderada por el economista Eduardo Engel se reunió con la Presidenta Michelle Bachelet para hacerle entrega del informe con 260 propuestas para mejorar la transparencia y la probidad en la política. Dicho comité de expertos fue convocado por La Moneda como una manera de adoptar medidas concretas tras la polémica que provocaron los casos Penta-SQM y Caval. Posteriormente, el 11 de mayo, la Mandataria anunciaba una batería de nuevos proyectos e indicaciones a textos que ya estaban en trámite.
Según el cronograma que estableció el Ejecutivo en conjunto con el Congreso, son cinco las iniciativas que deberán cumplir con la totalidad de su tramitación durante este segundo semestre. Otras seis iniciativas, en tanto, quedaron para el primer trimestre de 2016.
De las cinco para lo que queda de año, cuatro ya fueron aprobadas por una de las dos cámaras del Parlamento. “El cronograma que acordamos lo estamos cumpliendo al pie de la letra”, afirma el presidente del Senado, Patricio Walker (DC). Sin embargo, la tramitación de esta agenda no ha estado exenta de polémicas.
El intenso debate en el Congreso
Uno de los textos que causa diferencias entre los parlamentarios es el llamado “proyecto de fortalecimiento de la democracia”. Dicha iniciativa prohibe aportes de empresas a partidos y fija un nuevo sistema de financiamiento estatal. La propuesta establece que para acceder a los recursos, las colectividades deben tener representantes en el Parlamento.
Una indicación del presidente de RN, Cristián Monckeberg, fue la que añadió el requisito de que dichos representantes hayan sido electos como militantes de un partido ya constituido. Así, en la práctica, el movimiento Amplitud, de inscribirse legalmente, no recibiría recursos, ya que sus tres parlamentarios fueron elegidos como militantes de RN. “El proyecto es tremendamente injusto y discrimina a los partidos emergentes”, afirma el secretario general de Amplitud, Pedro Browne. Es por esto que en esa colectividad esperan que esa diferencia sea resuelta mediante indicaciones en el Senado. En paralelo, un grupo de diputados independientes evalúa recurrir al Tribunal Constitucional por esta medida.
La segunda iniciativa en el cronograma para este semestre es la reforma constitucional que establece la autonomía del Servel. El miércoles, los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado le formularon diversos cuestionamientos al ministro Nicolás Eyzaguirre (Segpres). “Le dijimos que teníamos observaciones sobre diversos puntos”, comenta el senador Felipe Harboe (PPD). Uno de ellos es el mecanismo para nombrar a los integrantes del Servel ¿El resultado? Se acordó que un grupo de asesores parlamentarios y de gobierno elabore una serie de modificaciones, que serán presentadas el próximo martes en la instancia. Ese día se espera que el proyecto sea votado en particular en esa comisión.
Otro proyecto que ha tenido reparos es la reforma constitucional que sanciona con la pérdida del escaño a las autoridades electas por votación popular que cometan infracciones a las normas de financiamiento, transparencia y control del gasto electoral. Esta iniciativa fue aprobada por la sala del Senado la tarde del jueves, pero no sin condiciones: el proyecto original establece el cese del cargo de parlamentarios, alcaldes, concejales y cores, pero no del Presidente de la República. Así, algunos senadores de la Alianza advirtieron que si no se incorporaba a los mandatarios, simplemente no apoyarían la iniciativa. “Nos parecía impresentable que no se incluyera a la máxima autoridad del país”, señaló el timonel UDI, Hernán Larraín. Tras el debate, se acordó entre todas las bancadas que en los próximos días se envíe un “proyecto complementario” que incluya la destitución del Presidente.
En tanto, el proyecto de probidad en la función pública ya ha sufrido diversas modificaciones. Dicha iniciativa amplía el rango de autoridades que deben entregar declaraciones de patrimonio e intereses. En su segundo trámite, el Senado introdujo varios cambios: nuevas normas de transparencia y más “sujetos obligados” a entregar declaraciones, como los cónyugues. Sin embargo, en su tercer trámite, la Cámara rechazó todas las enmiendas efectuadas por el Senado, por lo que la iniciativa pasó a una comisión mixta, encabezada por el senador RN Alberto Espina. “Los diputados quisieron revisar algunas materias, y en la comisión ya hemos aprobado una gran parte de esas indicaciones. Lo que va a salir será un proyecto mucho más riguroso del que ingresó originalmente”, afirma Espina.
La quinta iniciativa que debe ser aprobada este semestre es la que modifica la estructura de la Superintendencia de Valores y Seguros, otorgándole más facultades. Durante el primer trimestre de 2016, en tanto, deberían quedar aprobados los siguientes proyectos: el que aumenta las penas por delitos de corrupción; el que impide la especulación con cambios del uso de suelo: el que fortalece el sistema de Alta Dirección Pública; la nueva ley de partidos políticos (ver recuadro); el que incorpora la educación cívica en los colegios; y el que sanciona los conflictos de intereses. Todos ellos se encuentran actualmente en su primer trámite constitucional.
El próximo lunes, además, el senador Patricio Walker presentará un paquete de reformas a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, con el objetivo de incorporar más normas de probidad y transparencia. Ese mismo día se reunirá con el economista Eduardo Engel para dar cuenta del avance de la agenda.