Hace años que vivimos una crisis de confianza. Cuando la suspicacia se apodera de una sociedad, tanto en el ámbito público como privado, se vive el más terrible de los “totalitarismos”, en el que “todos son corruptos” o “todos son ladrones”. Nadie ni nada es lo que parece.
Estoy convencido de que gran parte de esto se debe a un serio problema ético y cultural que nos afecta: la cultura del “cumpli-miento”, donde se cumple pero se miente; se cumple, pero sólo de manera formal. Como somos un país legalista, nos encantan las leyes y normas que exigen todo tipo de declaraciones y presentaciones, pero generalmente nos quedamos en un mero cumplimiento formal y nos olvidamos del verdadero propósito de dicha exigencia normativa. Esta enfermedad del “cumpli-miento” es algo que cruza a nuestra sociedad: licencias médicas falsas para faltar al trabajo; récord mundial de reflujo en recién nacidos para extender el post natal; postulación a subsidios de casas con datos falsos para obtenerlo y luego arrendar las casas; uso y abuso de subterfugios para obtener beneficios tributarios y reducir el pago de impuestos; cláusulas abusivas en contratos para cumplir con la norma, pero que nadie entiende.
La reciente publicación de declaraciones voluntarias de patrimonio e interés, a raíz del llamado “nueragate”, donde no se enumeran los bienes que componen el patrimonio, ni se dan mayores datos que permitan al ciudadano enterarse realmente de los bienes que posee el declarante, nos lleva a analizar nuevamente este “cumpli-miento” en una aspecto fundamental para fomentar la transparencia y evitar la corrupción. Las declaraciones de patrimonio e interés son una de las mejores herramientas para combatir el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y los conflictos de intereses. Lamentablemente en Chile contamos con declaraciones que en su formulación son muy discrecionales, formales e incompletas; es decir, fomentan el “cumpli-miento”. Por otra parte, al no obligarse la valorización de los bienes con los valores comerciales o a declarar claramente todo tipo de inversiones y bienes, nos encontramos que en muchas declaraciones los patrimonios se describen bastantes disminuidos, distando mucho del real valor de mercado, que es el que finalmente resulta relevante, más allá de participaciones o porcentajes en sociedades.
En 2011, y producto de un acuerdo transversal con parlamentarios de la época, se ingresó el proyecto de ley denominado “probidad en la función pública” que establece un estándar que mejora este tipo de declaraciones. Asimismo, moderniza el sistema y permite que tanto ciudadanos como la Contraloría puedan constatar la veracidad e idoneidad de lo ahí declarado. Lamentablemente, y a pesar de su rápido y casi unánime respaldo inicial en la Cámara de Diputados, se encuentra inmovilizado en el Senado. En días donde se discute el valor de estas declaraciones, es indispensable la rápida aprobación de dicho proyecto ante el clamor ciudadano que exige mayores controles y transparencia a nuestras autoridades.
También debiera darse urgencia a la aprobación del proyecto de ley sobre transparencia de partidos políticos, presentado por la administración anterior, y al proyecto de ley de financiamiento de partidos y campañas políticas, presentado por este gobierno. La ciudadanía exige independencia, transparencia y rendición de cuenta del uso de los recursos públicos que son entregados por los mismos ciudadanos a través del pago de sus impuestos.