Si bien la ley de lobby ya había entrado en vigencia para los organismos centrales y el Parlamento hace un año, desde el 28 de agosto la norma también se aplicará en los 345 municipios del país, los cuales, a partir del primer día hábil de cada mes, deberán publicar con quiénes se reúnen y por qué, dónde viajan y qué regalos reciben.
La idea es transparentar la gestión de los lobbistas que buscan influenciar a las autoridades en función de intereses propios, fortaleciendo el control social también a nivel local. “A pesar de que el proyecto salió con algunas deficiencias, por lo menos tenemos una ley, y ya eso es un progreso. Pudiera haber funcionarios que sienten eso como algo complicado o bajo sospecha, pero yo creo que es justamente al revés: cuando no hay transparencia y no está la información es mucho mayor el riesgo de caer bajo sospecha”, señaló la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá.
Sin embargo, serán más de tres mil autoridades que se someterán al escrutinio de esta ley, entre alcaldes, concejales, secretarios municipales, directores de obras, más los secretarios ejecutivos de los consejos regionales. Esto abre el debate sobre las dificultades que implica el seguimiento permanente, registro y publicación de cada uno de ellos. “Esta ley tiene las mismas falencias que hemos detectado en relación a su aplicación en el nivel central y los parlamentarios, sólo genera mayor burocracia, ya que un funcionario sin ética, que quiera transgredir el sistema, lo hará de una u otra manera, con o sin ley”, enfatizó Oscar Yáñez, presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (Asemuch).
Si bien hay dirigentes que consideran positivo el espíritu de la norma, “en algunos casos es bastante ambigua y tendrá que ser modificada por efecto prácticos, y para variar no se aportan recursos para cumplirla. En el caso de los concejales, muchos no tienen ni oficina, menos secretaria que haga esta labor”, describió Víctor Mora, presidente de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile (Ufemuch).
Ante las dudas que genera la aplicación, el Consejo de Transparencia capacitó a los municipios entre julio y agosto en el uso de la plataforma www.infolobby.cl, la cual está a disposición de los usuarios. “Esta ley es un avance en transparencia respecto de gestiones que son fuente de desconfianza cuando se efectúan de espaldas a la ciudadanía”, dijo Raúl Ferrada, director del Consejo de Transparencia. Si bien éste no tiene una función sancionadora, el diseño de la plataforma almacena y consolida la información de reuniones, viajes y donativos.
Implementación de la ley
Desde la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm) informaron que al 28 de agosto, 271 municipios de los 345 han reportado sus enlaces o links operativos. Para la implementación de la norma, el gremio creó una comisión especial de transparencia y organizó seminarios. “El objetivo es preparar a los funcionarios a lo largo de todo el país y que nadie se exponga a ser sancionado por falta de conocimiento o cautela, que a veces sucede en los más pequeños o alejados”, comentó Sergio Puyol, alcalde de Macul y presidente de la Achm.
Será la Contraloría la encargada de sancionar la ley en los municipios, y “cualquier ciudadano podrá denunciar su incumplimiento ante ese órgano”, agregó el asesor jurídico de la Achm, Malik Mograby. El primer informe debe estar disponible el primer día hábil de septiembre, dando cuenta de lo ocurrido durante agosto.
El alcalde Mario Olavarría, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), recalcó que lo óptimo sería que se asignaran mayores recursos, humanos y financieros, en especial en los municipios de menores ingresos. “La idea es que no produzca una discriminación, en que los municipio con más recursos podrían aparecer ante la ciudadanía como más cumpli- dores, versus aquellos que no los tienen”, lo que ocurre en relación a la Ley de Transparencia activa vigente.
En el caso de los parlamentarios y algunos organismos centralizados sujetos a la ley de lobby desde hace un año, hasta ahora ninguno ha sido sancionado según la propia web de infolobby del Consejo de Transparencia.