Señor director:
En carta de ayer, Víctor Pérez alude a la ley 20.730 como una mala norma para regular el lobby, señalando que no cumple los estándares mínimos de la Ocde. Este organismo establece 10 principios para la transparencia e integridad en la actividad del lobby, entre ellos la igualdad de trato, tener normas y directrices en materia de probidad y sistemas adecuados para dar transparencia a la información entre otros, todos requisitos que nuestra normativa cumple.
Nuestra ley de lobby lo que hace es establecer un registro de reuniones con el objeto de hacer lobby, dar la misma oportunidad a todos los interesados de celebrar audiencias con la autoridad y dar publicidad a los registros de lobby, viajes y donativos. Es una manera acertada de regular la relación público privada, más cuando a nivel comparado no siempre los sistemas de regulación vía registros ex ante han sido un éxito. A tres meses de entrada en vigencia de la primera etapa de la ley, ya se han celebrado 496 audiencias, se han registrado 828 donativos y realizado 590 viajes, además de 32 lobbistas y 571 gestores de intereses.
Toda norma puede tratar de violarse. A lo que tenemos que apuntar es a cómo lo hace esta ley para seguir achicando los espacios a la opacidad. Es por eso que alentamos a que la implementación de la normativa sea completa, y tal como lo ha hecho la ley de acceso a la información pública, logre cambiar determinadas prácticas como las del secretismo que en su momento parecieron invencibles.
Alberto Precht, Director Ejecutivo Chile Transparente.