Señor director:
Ayer, Catalina Riquelme, del Instituto Libertad, se refiere a la ley de lobby, resaltando que se anticipan nefastos efectos políticos y administrativos con su entrada en vigencia para los municipios; que las disposiciones no se ajustan a la realidad nacional y que sólo complejizará la relación del ciudadano con las autoridades.
No podemos estar más en desacuerdo con esas afirmaciones, ya que la ley de lobby visibiliza una relación natural y democrática entre las autoridades y quienes quieran influir frente a una decisión pública. En otras palabras, muestra las relaciones entre los sectores público y privado.
La medida no puede ser más atingente cuando son conocidos los casos de corrupción en la gestión local, como el caso basura, o las irregularidades en la tramitación de permisos de edificación y procesos de recepción de obras por parte de los órganos edilicios.
La burocratización de la gestión pública no es más que una necesidad de establecer los adecuados mecanismos de control y revisión para asegurar que los intereses de todos los representados sean custodiados. Una administración más burocratizada es sinónimo de una sociedad más democrática.
A diferencia de ella, creemos que la normativa en cuestión viene a fortalecer el derecho a petición de toda persona frente a las autoridades, y refuerza la transparencia al hacer visible una relación que hasta ahora permanecía en las sombras de la gestión estatal, dándole más poder a la ciudadanía al entregarle las herramientas para fiscalizar e involucrarse en los asuntos públicos.