América Latina es un continente casi completamente «rojo» en el Índice de la Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional; es decir, la población evalúa negativamente la gestión pública de sus gobiernos, con Paraguay (130) y Venezuela (158) casi al final de la lista de unos 170 países. Según el reporte de Integridad Financiera Mundial de 2015, las economías en desarrollo y emergentes perdieron US$7.800 billones (millones de millones) en flujos financieros ilícitos entre 2004 y 2013, con un aumento promedio de 6,5% al año, casi el doble del ritmo que crece el PIB mundial.
Y mientras una generación de políticos de la región acusados de corrupción ha salido del poder – forzados a renunciar o rechazados en las elecciones -, nuevos mandatarios (muchos beneficiados por la ola de descontento popular), parecieran estar en camino a repetir ese destino: jefes de Estado o sus familiares en Brasil, Perú, Argentina, Ecuador, Chile y México se han visto involucrados recientemente en escándalos relacionados con sobornos y tráfico de influencias.
Brasil.
«Rouba, mas faz» o «roba pero actúa», justifican los brasileños a menudo a sus políticos. Y mientras que los ex presidentes Dilma Roussef e Luiz Inácio Lula da Silva son investigados por el caso Lava-Jato, la justicia ha alcanzado al mandatario actual, Michel Temer.
Tres ex ejecutivos de la constructora Odebrecht investigados por corrupción dijeron a la fiscalía que entregaron donaciones al Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, al que pertenece el presidente) a cambio de contratos con Petrobras. En algunos casos, el dinero fue recibido por sus cercanos; en otro, Temer estuvo presente en las negociaciones. Así, en 2014 habría recibido US$3,3 millones, según señalan.
Odebrecht se encuentra actualmente en medio de la operación Lava-Jato, la investigación anticorrupción más grande en la historia de Brasil.
Y al parecer, el escándalo recién empieza: en total, son 77 los ex ejecutivos de la empresa que están declarando ante la fiscalía y que podrían terminar por implicar a más de 200 políticos.
Argentina.
Luego de que Cristina Fernández se apartara de la política hace un año, en medio de varias acusaciones de corrupción, la semana pasada la justicia imputó al presidente Mauricio Macri y a dos miembros de su gabinete por el decreto de blanqueo de capitales.
Dicho documento modifica la ley para permitir a familiares de funcionarios públicos legalizar bienes y tenencia de monedas, si justifica que fueron adquiridos antes de que su cercano llegara a la administración. Ello, según la oposición, beneficia al padre del mandatario, el empresario Francisco Macri.
Perú.
El caso del presidente Pedro Pabl Kuczynski es el más reciente que sacude a un mandatario latinoamericano. El fiscal anticorrupción de su país, Martín Salas, reabrió la semana pasada la investigación contra el actual jefe de Estado por el caso Odebrecht con el objetivo de determinar si en 2006, cuando fungía como primer ministro de Alejandro Toledo, modificó una norma para favorecer a la constructora brasileña a que obtuviera millonarias concesiones.
Ahora, PPK y Toledo serán indagados nuevamente por presuntos delitos de colusión y aprovechamiento indebido del cargo.
Chile.
La justicia investiga el posible tráfico de influencias por un crédito de mas de US$10 millones del Banco de Chile a la empresa Caval de Natalia Compagnon, nuera de la presidenta Michelle Bachelet, aprobado para comprar el terreno en Machalí, cuyo suelo era de uso agrícola pero, tras cambios en el plan regulador, pasó a ser de uso urbano, aumentando su valor y favoreciendo a la compañía.
Además, la fiscalía solicitó una nueva formalización, por estafa, en contra del empresario Gonzalo Vial Concha, quien señaló que ocho informes de minería comprados por Caval fueron copiados a la Comisión Chilena de Cobre.
Ecuador.
Aunque no posee ninguna acusación o investigación abierta, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y su hermano Fabricio, fueron mencionados en abril en la extensa lista de funcionarios vinculados al caso Panamá Papers.
El mandatario negó su vinculación y, en cambio, convocó una consulta popular para inhabilitar a políticos con «bienes o capitales, de cualquier naturaleza en paraísos fiscales», a realizarse junto con las elecciones generales de febrero de 2017.
Pero los escándalos no cesan. El Ejecutivo enfrenta un nuevo caso con la estatal petrolera, Petroecuador, precisamente por poseer cuentas en paraísos fiscales, el cual ha sido considerado el peor hecho de corrupción de la última década.
México.
El de Enrique Peña Nieto ha sido el escándalo más notorio a nivel regional y que más duro ha golpeado la popularidad de algún jefe de Estado, muy a pesar de que no haya sido acusado directamente de los hechos delictivos.
Su evaluación mantiene la caída iniciada hace dos años, cuando salió a la luz pública el caso «Casa Blanca». En 2015, se conoció que su esposa, la actriz Angélica Rivera, adquirió una propiedad por US$7 millones en México y otros lujosos complejos tanto en su país como en EEUU. A ello se le suma que el dueño anterior de la vivienda era Juan Armando Hinojosa, propietario del Grupo Higa, un conglomerado de capitales chino-mexicano, mejor conocido como «el contratista» del mandatario azteca.
Frente a ello, la popularidad de mandatario no ha parado de caer, mientras la proporción de quienes lo reprueban subió de 65% en agosto a 69% en noviembre, demostrando que los latinoamericanos reaccionan ante el atisbo más leve de corrupción en sus gobiernos.
