Fue el lunes 11 de mayo de 2015 cuando la Presidenta Michelle Bachelet anunció en una ceremonia en La Moneda, el paquete de reformas de la llamada agenda de probidad y transparencia, elaborada por el gobierno tras los casos de financiamiento irregular de la política: Penta y SQM, además de Caval.
El anuncio estuvo precedido de días tormentosos: aunque inicialmente estaba agendado para el viernes 8 de mayo, la decisión de Bachelet de remover a la totalidad de su equipo político -liderado por el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo- provocó que se aplazara hasta el lunes, justo después de que asumiera su nuevo elenco de colaboradores.
Así, acompañada por los recién asumidos ministros Jorge Burgos (Interior) y Rodrigo Valdés (Hacienda), Bachelet presentó una batería de proyectos de ley basados en las iniciativas propuestas por el consejo asesor anticorrupción, liderado por el economista Eduardo Engel.
A poco más de un año de su presentación, hay nueve iniciativas que ya han sido aprobadas y despachadas por el Congreso.
Entre ellas, la ley que fortalece el Servicio Electoral (Servel) y la que modifica el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Ambas normas fueron incluidas en la llamada ley de fortalecimiento de la democracia que, además, establece un nuevo sistema de financiamiento de campañas, prohibiendo los aportes de las empresas.
También vieron la luz la nueva ley de partidos políticos, las reformas constitucionales que dan autonomía al Servel y la que establece la pérdida del escaño, la ley que hace obligatoria la educación cívica en los colegios, la ley de probidad en la función pública -que establece mayores estándares de transparencia para funcionarios públicos- y la norma que entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y modifica disposiciones para los funcionarios municipales.
La aprobación de dichas iniciativas fue destacada por Bachelet en su reciente cuenta pública del 21 de mayo, donde agradeció la colaboración de los parlamentarios.
Sin embargo, hay otros 12 proyectos incluidos en la agenda de probidad que aún se encuentran pendientes. De ellos, seis se están recién en su primer trámite legislativo -es decir, aún les queda un largo camino para su aprobación- y otros tres incluso no han sido enviados aún al Congreso. (ver tabla)
Los pendientes
En La Moneda organizaron la agenda en dos ejes principales: uno que incluye a los proyectos relacionados con la política, y otro que agrupa a los relativos con los negocios y los mercados.
En el eje político, una de las iniciativas que aún está pendiente es la reforma constitucional que limita la reelección de los parlamentarios, que establece un máximo de dos periodos para los senadores y tres para los diputados.
En tramitación desde 2012 -cuando se refundieron una serie de mociones parlamentarias-, el año pasado fue incluido como parte la agenda de probidad del gobierno, por lo que fue reactivado.
El Ejecutivo le puso suma urgencia y en mayo de 2015 fue revisado por la entonces recién creada comisión especial de Probidad y Transparencia del Senado, encabezada por Ignacio Walker (DC). Dicha instancia elaboró un informe, y el texto pasó a ser discutido en la sala el 3 de junio.
Sin embargo, allí fue frenado debido a los reparos de diversos senadores -tanto de oficialismo como de oposición-, por lo que se decidió solicitar un segundo informe a la comisión de Constitución, donde permanece durmiendo desde ese entonces. Esto, pese a diversas ofensivas de diputados que han solicitado al Ejecutivo que ponga discusión inmediata a la iniciativa.
Otro de los proyectos que permanecen estancados es el que crea una nueva institucionalidad: la Dirección General de Concesiones, que obliga al Ministerio de Obras Públicas a tener una planificación permanente a cinco años en esta materia, recogiendo las sugerencias de la comisión Engel.
Dicho texto fue ingresado el 16 de junio de 2015 a la Cámara, donde pasó a ser revisado por la Comisión de Obras Públicas. Pero, pese a que el gobierno le puso suma urgencia dos veces, el 20 de agosto de ese año ésta fue retirada. Desde entonces quedó paralizado.
Otro proyecto que se encuentra en su primer trámite -aunque con movimiento- es el que tipifica el delito de corrupción entre particulares y modifica disposiciones del Código Penal relativas a delitos funcionarios.
La iniciativa está siendo revisada por la Comisión de Constitución de la Cámara, instancia que el 6 de abril remitió un oficio a La Moneda solicitando refundir el proyecto con una moción similar -que había sido ingresada en marzo de 2015 por diputados de la Nueva Mayoría- que apuntaba a aumentar las penas para los delitos de cohecho, soborno y tráfico de influencias. El 17 de mayo, la comisión acusó recibo de un oficio con el visto bueno del Ejecutivo, por lo que ambas iniciativas se tramitan ahora como una sola, que hoy cuenta con suma urgencia por parte del gobierno.
Otra legislación pendiente es la que crea el cargo de fiscal especial de alta complejidad en el Ministerio Público, que se encuentra cumpliendo su primer trámite en la Comisión de Constitución del Senado.
En el eje relacionado con negocios y mercados, en tanto, aún se encuentran en tramitación cuatro proyectos: el que crea la Comisión de Valores y Seguros (en segundo trámite en el Senado), el proyecto destinado a prevenir y sancionar los conflictos de intereses (en primer trámite en el Senado), la iniciativa que busca impedir la especulación con los cambios en los usos de suelo (en primer trámite en la Cámara), y la que establece nuevas exigencias en materia de transparencia para los mercados (en primer trámite en el Senado).
Entre las normas que aún no han sido enviadas al Congreso se cuentan la reforma constitucional que permitirá crear el defensor ciudadano y la Ley Orgánica que regulará esta figura, además del proyecto que fortalece la protección de datos personales, el que -según proyecciones del Ejecutivo- está próximo a ingresar.