La corrupción es un impuesto regresivo para México, pues cuesta 14% del ingreso de los hogares y es capaz de impactar cinco veces los resultados de una reforma fiscal, exhibió María Amparo Casar, del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco).
Durante la inauguración del Foro Hablemos de Corrupción, la directora del Imco detalló que al año representa una pérdida de 890,000 millones de pesos, esto es alrededor de 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano.
De acuerdo con Casar estos recursos comprometería cinco veces los resultados de la reforma fiscal.
Del 2004 a la fecha, puntualizó, los recursos destinados al combate a la corrupción han aumentado 98%; sin embargo, México pasó del lugar 64 al 103 en el índice de transparencia internacional que mide a 177 estados nación.
A su vez, esta mala práctica cuesta al menos 5% de las ventas anuales de las empresas. De acuerdo con cifras que la American Chamber of Commerce arroja sobre el mercado sombra, la piratería causa pérdidas por 43,000 millones de pesos al año.
“La corrupción es en primer lugar un mal endémico y sistémico”, afirmó la también investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, pues —dijo— atraviesa sectores políticos, partidos, así como sectores sociales y económicos.
Casar indicó que los altos índices de corrupción implican que 83% de los mexicanos no crea en legisladores y que 88% no confíe en el sistema judicial. “México está por debajo del promedio de América Latina en participación y apoyo a la democracia y es el penúltimo en satisfacción en toda AL”, exhibió.
A decir de las organizaciones civiles que participan en el foro, uno de los grandes desafíos para los países con graves problemas de corrupción es investigar, procesar y sancionar a los denunciados por estos delitos.
Durante el panel El Estado de Derecho del foro Hablemos de Corrupción, el subprocurador penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Eric Olshan, expresó que para combatir a la corrupción hay que atacar al espectro completo: desde aquellos servidores públicos federales de los más altos niveles hasta los servidores públicos que se encargan de temas educativos en las localidades.
Para ello, sugirió, pueden aplicarse tres estrategias: el seguimiento del dinero —donde pueden estar los actos de corrupción—; confiar en los testigos, para lo cual es necesario generar las condiciones para que puedan y quieran cooperar en las investigaciones y, finalmente, autonomía y responsabilidad en las autoridades investigadoras y fiscalizadoras, pues de no ser independientes, no es posible hacer una buena investigación.
Yara Esquivel, especialista senior financiera de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del Banco Mundial, expuso que la corrupción es un delito que debe perseguirse desde la coordinación entre agencias, así como a través de la cooperación internacional, pues los bienes empleados para estas malas prácticas difícilmente quedan en los países de origen. “Casi siempre las personas corruptas buscan disfrutar de los bienes que adquieren en el extranjero”, advirtió.