71 puntos obtuvo Chile en la última medición del Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, que se origina a partir de las evaluaciones y encuestas que indagan sobre las percepciones del alcance de la corrupción en el sector público. Específicamente, se recogen los indicadores de prestigiosas instituciones internacionales , como también la opinión de analistas y expertos en la materia.
La puntuación lograda por Chile sigue siendo alta, considerando que 100 es la máxima calificación para ser denominado como un país con cero corrupción, ya que este año su ubicación es la número 22, de un total de 177 países medidos, lo que lo mantiene entre los 25 países más transparentes y menos corruptos del mundo. Sin embargo, si lo comparamos a través del tiempo, este resultado no es tan alentador y en estas materias el que no avanza retrocede.
El 2012 obtuvimos una calificación similar, aunque un punto mejor, sin embargo, retrocedemos dos lugares, del 20 al 22. Las cifras no muestran una mejora, si lo observamos desde una retrospectiva de más largo plazo Chile ha estado fluctuando entre los puestos 17 y 25. Además, en América del Sur ya no ocupa el primer lugar sino Uruguay, país que el año 1998 ocupaba el puesto 42 y ha avanzado 23 puestos en los últimos 15 años, llegando este año al puesto 19 y superando por primera vez a nuestro país. Esta es una clara demostración del esfuerzo de un país por ir mejorando su transparencia en forma consistente, mientras que en el nuestro nos hemos ido estancando.
Si bien Chile tiene una óptima Ley de Acceso a Información Pública, participa de la iniciativa OGP, cuenta con un Consejo para la Transparencia que ha desempeñado una destacada labor en la promoción y defensa del acceso a información pública y es imitado en otros países, existen hechos que debilitan estos avances. Por ejemplo, el escaso avance de proyectos de ley, tales como, el del Lobby, el de probidad pública y el de transparencia municipal; hechos de corrupción en procesos de acreditación de universidades; parlamentarios involucrados en actos poco éticos; irregularidades en gobiernos locales; cuestionamiento al funcionamiento e independencia de nuestras instituciones;, entre muchos casos, van mermando la percepción de los avances e instalando una visión más crítica y con menores niveles de credibilidad con respecto a las instituciones.
Para concluir, quisiera señalar que el desafío de mejorar nuestra sociedad y llevarla a estándares de probidad más altos, requiere de un esfuerzo colectivo y actos y consecuencias que, a veces, pueden costar. Pero es importante tener presente la necesidad imperiosa de anteponer, sobre todas las cosas, el bien común al puro bien individual. El Gobierno debe liderar este esfuerzo, pero la sociedad civil no puede cruzarse de brazos. El sector privado tiene la gran oportunidad de ser más proactivo exigiendo y siendo más transparente. Las universidades y los establecimientos educativos deben priorizar los valores éticos y cívicos -propio del vivir en comunidad y en democracia-, en sus estudiantes, los políticos deben desterrar las malas prácticas de su quehacer diario, los ciudadanos debemos sancionar a los que cometen abusos y actos de corrupción, no eligiéndoles en cargos públicos.
No nos quedemos dormidos en nuestras buenas notas. Si no nos unimos para desterrar la cultura de la trampita y la corrupción de nuestra sociedad, las probabilidades que los corruptos nos lleguen a capturar se incrementan exponencialmente.
Gonzalo Delaveau Swett
Presidente de Chile Transparente