El 2015 fue un año donde fue común escuchar: “Estamos atravesando una crisis de legitimidad”, “hemos caído en una crisis de confianza” o “nos enfrentamos a una crisis de representatividad”, sin embargo, no parece ser del todo claro a qué nos referimos con “crisis”, las crisis son conjuntos de hechos importantes, circunstancias contingentes y cambiantes que determinan una situación en particular; las crisis per se no constituyen una consecuencia negativa o positiva, más bien, la forma en que manejamos o gestionamos dichos procesos determinaran la capacidad de restablecer el equilibrio y la capacidad de aprender de los errores., son hechos que abren complejidad e introducen contingencia.
Los bajos niveles de aprobación a la gestión de los partidos políticos (solo el 3% de aprobación según encuesta CEP, 2015), la decreciente participación electoral, los casos de corrupción política y situaciones en donde se evidencian conflictos de intereses de las autoridades públicas, han llevado a afirmar que nuestro sistema político y electoral atraviesa una crisis.
Tanto el Gobierno como el Congreso han hecho esfuerzos para impulsar una agenda legislativa que sea capaz de responder al descontento ciudadano con la política y que sea capaz de prevenir futuras situaciones que enturbien la discusión política. Es así como se ha logrado avanzar en una nueva ley de probidad (Ley 20.880) que perfecciona las declaraciones de patrimonio e intereses, así como incorpora un régimen de delegación de administración de bienes y una enajenación forzada de bienes para determinadas circunstancias. Se ha logrado también aprobar una nueva regulación para los partidos políticos (Boletín 10.154-07) y nuevas disposiciones en materia de financiamiento de campañas electorales (Boletín 9790-07). Pero es necesario preguntarse ¿sí realmente con esto estamos fortaleciendo nuestra democraci, a los partidos políticos y estamos recobrando la confianza de la ciudadanía?
El objeto de este conjunto de proyectos de ley era generar condiciones institucionales favorables para asegurar la equidad en la competencia política electoral, evitar la captura de los representantes públicos y asegurar algunos estándares mínimos de transparencia en la gestión de las campañas electorales y en la administración de los partidos políticos.
Si bien se ha logrado avanzar sustantivamente en la creación de nuevas obligaciones de transparencia, en reducir el límite del gasto electoral, en prohibir determinados tipos de aportes, aumentar la publicidad de los ingresos electorales e incorporar a los directivos de los partidos políticos como sujetos obligados de la ley de probidad, no se han logrado incorporar cambios estructurales en la forma que se gestionan y separan el dinero y la política, al dejar de lado elementos claves como la obligación de contar con códigos de ética/conducta dentro de las colectividades, el establecimiento de procedimientos de prevención de lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo, dar a conocer las remuneraciones del personal de los partidos políticos, difundir sus programas base y la postura del partido en temas de la actualidad país, así como también se excluye de las obligaciones el dar publicidad a las agendas de las autoridades de los órganos ejecutivos de los partidos.
Hoy el fortalecimiento de la democracia, obligación inherente a la tarea de gobernar, es una tarea que queda relegada a la buena voluntad de liderazgos decididos y valientes que asuman la responsabilidad de promover medidas, que en muchas ocasiones son, impopulares que no responden a una lógica electoral y que logren involucrar a todos los ciudadanos en adoptar una actitud vigilante e intransigente frente a los hechos irregulares.
En la medida que la gestión política de las autoridades elegidas para velar por el bien común no logre mostrar una independencia real del poder económico, la gente segurirá desconfiando y desacreditando la actividad política, la crisis se agudizará de forma negativa y la democracia se debilitará aun más.