Suena como el mundo al revés, pero en Chile estar en Dicom podría significar el fin de la vida comercial de un ciudadano común y enfrentar trabas para encontrar empleo o acceder a prestaciones de salud, sin embargo, tener millonarias deudas o haber sido condenado por fraude parece no ser un impedimento para postular a altos cargos de representación pública.
Más allá de los efectos políticos desatados por la denuncia de Evelyn Matthei en contra de Franco Parisi, este escándalo deja al descubierto la ausencia de mecanismos de fiscalización de la probidad de los postulantes a la Presidencia de la República o al Parlamento.
No haber sido condenado a pena aflictiva – es decir a tres años y un día de presidio-, o estar inhabilitado, es el único requisito que establece la ley en este sentido y, si bien la Contraloría General de la República emitió un instructivo el 5 de septiembre en relación a estas elecciones, se refiere sólo al comportamiento que deben tener los miembros de la administración del Estado.
Y es que la normativa chilena no establece prevenciones en relación al comportamiento ético de mientras las personas son candidatos a un cargo público. Las obligaciones comienzan sólo cuando se empieza a ejercer el cargo.