El Consejo para la Transparencia realizó – por primera vez—una fiscalización midiendo cumplimiento de mecanismos obligatorios de participación ciudadana en 304 instituciones públicas.
El Proceso, efectuado entre julio y agosto de este año – que midió información sobre cuentas públicas participativas, consultas ciudadanas, audiencias, “acceso a información relevante”, consejos consultivos y otros mecanismos tales como diálogo participativo, foros, formación y capacitación– , arrojó un promedio de cumplimiento de 71.74%.
Estos mecanismos deben ser informados debidamente en los portales institucionales de transparencia.
Instituciones aprobadas
Entre las que presentan 100% de cumplimiento con las herramientas de participación ciudadana están: la Superintendencia de Valores y Seguros, La Superintendencia de de Casinos de Juego, las subsecretarías de Relaciones Exteriores y Minería, el Servicio Nacional de Menores (Sename), el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), EL Servicio Nacional de Aduanas, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), la Juan Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), la Dirección de Relaciones Económicas de la Cancillería (Direcon), la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y los Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, El Maule, El Bío Bío, La Araucanía. Los servius, en general, obtuvieron el mejor promedio dentro de la administración central: 96,5%.
Mal resultado
Entre las instituciones que obtienen una cifra menor al 25% de cumplimiento está el Servicio de Registro Civil (24,2%), el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) con el 21,2%, la Subsecretaría de Previsión Social (15,5%), la Agencia de Calidad de la Educación (9%) y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), que obtiene 5,5%.
Las peor calificadas
De las 304 entidades de la administración central que fueron fiscalizadas por el Consejo para la Transparencia, seis instituciones obtuvieron 0% de cumplimiento en mecanismos de participación ciudadana.
Entre ellas están el Consejo de Calificación Cinematográfica, la Defensa Civil de Chile, el Hospital Clínico San Borja Arriarán, el Hospital de Quilpué y la Subsecretaría del Deporte. Esta última subsecretaría detectó tiempo atrás, tras ser objeto de reparos, que se encontraba “inconclusa” la creación de mecanismos de participación, por lo que difundió un aviso en su página web, a modo de excusa: “Nos hemos puesto a desarrollar dichas materias a fin de tenerlas operativas lo antes posible”, dice el aviso. No obstante, el informe del Consejo para la Transparencia advierte que en la página web no ha cambiado ese aviso desde la anterior fiscalización 2014.
En cuanto a la Defensa Civil, esta institución admite en su web que “no ha dictado una norma general de participación ciudadana”. Pero el informe que recuerda que existe una obligación para la Defensa Civil, según la Resolución Ministerial N°9069 de Participación del Ministerio de Defensa de noviembre de 2014.
Los portales de transparencia del Hospital San Borja Arriarán y de Quilpué no se encontraban disponibles en la fecha de la fiscalización. Hoy tampoco.
Es precisamente entre los hospitales autogestionados donde el resultado general arroja el pero promedio: 44,41%.
El informe detalla que 26 organismos de nivel central no fueron fiscalizados pues están excluidos por la Ley N°20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.
En esa lista figuran las FF.AA. y las policías, gobiernos regionales, el Consejo Nacional de Televisión y la Agencia Nacional de Inteligencia.