Ésta responde a una de sus primeras determinaciones ante tribunales del Fiscal Pablo Gómez, jefe regional de Valparaíso, después de ser nominado por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, para hacerse cargo del caso SQM.
En el marco de esta indagatoria, que investiga presuntos ilícitos en materia de impuestos, que habrían derivado en aportes supuestamente irregulares a la política, Gómez –según El Mercurio– ingresó una solicitud al 8vo Juzgado de Garantía, paraformalizar al ex senador Carlos Ominami, al ex tesorero del Partido Socialista, Milton Lee, y al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse.
La solicitud fue posible a causa de que existe en contra de ellos una querella por parte del Servicio de Impuestos Internos, lo que contribuyó a que se presentara la solicitud de formalización, sumado a los antecedentes que se recabaron en una nueva serie de interrogatorios.
Milton Lee declaró que con los dineros que recibió por parte de la minera no metálica “se pagaban cosas que se hacían para la campaña de Carlos Ominami”, y que en ésta “en las palomas también aparecían junto a él Marco Enríquez-Ominami y su familia”, junto con otros candidatos.
En la querella del SII se consideran ocho facturas de Alerce Talleres Gráficos, rectificadas por SQM el 2015. Seis corresponden al período entre junio y diciembre de 2009, por montos entre los 19 y los 23 millones de pesos. El resto –por 23 millones 800 mil pesos- tienen por fecha entre enero y febrero del 2010. El total de los montos considerados en estas boletas asciende a 178 millones de pesos, lo que permitió que SQM bajara fraudulentamente su base imponible. Esto deja un perjuicio fiscal de 75 millones 205 mil 493 pesos.
En algún momento se planteó que los delitos considerados aquí estarían prescritos, pero al obtener los viajes al extranjero de Ominami y de Lee –a causa de que el plazo de prescripción se aplaza o interrumpe cuando se sale del país- fue posible presentar la solicitud de formalización.
De todos modos, el fiscal regional Gómez planteó que se han fijado criterios “objetivos sobre los cuales vamos a hacer las imputaciones y también ir decidiendo los caminos que va a tomar la investigación. Hay claras posibilidades de salidas alternativas para varios de los imputados”.
Pese a todo, se repite un antecedente que generó controversia en los casos de presunto financiamiento irregular de la política. El Servicio de Impuestos Internos ha dejado de presentar acciones penales para personas que están en calidad de imputados. De acuerdo a Gómez “hay una preocupación nuestra respecto a algunas querellas que no han sido presentadas por el SII”, e hizo patente la legislación vigente para imputar delitos tributarios: “como dice la ley, requieren la intervención del SII”.
Por tanto, indicó que “nosotros en algún momento vamos a requerir entonces del SII un pronunciamiento expreso de aquellos casos que están en esa situación porque, dependiendo de eso, van a ser también las consecuencias jurídicas que se deriven”. Tras ello, especificó que “ese es el caso de Marco Enríquez-Ominami y también de otras personas que están siendo investigadas”.
En tanto, respecto de los criterios, dijo que con su equipo de abogados se está intentando definir quiénes finalmente irán a juicio, versus a quienes se les ofrecerán procedimientos abreviados o salidas alternativas, ya quela idea es que esto vaya de acuerdo al delito que se termine imputando. “En el caso de los emisores de boletas, en la medida que nosotros contemos con la colaboración sustancial de ellos, podemos arribar a la suspensión del proceso”.